En respuesta a las manifestaciones realizadas por la empresa, reitero que no estoy conforme con su versión de los hechos, ya que no refleja lo ocurrido ni durante la contratación ni en la gestión posterior de mi solicitud de baja.
En primer lugar, el proceso de contratación no se realizó con la transparencia que la empresa indica. El contrato y la información relevante, incluyendo el derecho de desistimiento, fueron enviados con posterioridad a la firma electrónica, por lo que no dispuse de dicha información antes de aceptar.
Asimismo, la empresa afirma que toda la información fue facilitada previamente a la contratación. Sin embargo, dispongo de pruebas (conversaciones vía WhatsApp y otras evidencias) que demuestran que dicha información no fue proporcionada de forma clara ni previa a la firma.
En este sentido, si el procedimiento de la empresa establece que toda la información debe facilitarse antes de la aceptación, considero que en mi caso dicho procedimiento no se aplicó correctamente, evidenciando una deficiente gestión en el proceso de contratación.
Por otro lado, la empresa sostiene que fui informada de que el título carece de validez oficial. No obstante, esto no se corresponde con la información recibida durante el proceso comercial, donde se me indicó que la formación me permitiría desarrollarme profesionalmente en el sector.
Además, la propia publicidad de la empresa induce a pensar que se trata de formaciones con reconocimiento válido, lo cual genera una expectativa que no se corresponde con la realidad del servicio contratado.
En segundo lugar, solicité la baja en noviembre de 2025 debido a mi situación económica, dejando claro que no podía continuar y que no haría uso del servicio. Sin embargo, esta solicitud no fue gestionada de forma efectiva, quedando en una simple solicitud sin resolución.
Considero especialmente relevante señalar que, en ese momento, la cantidad pendiente era aproximadamente de 250€, y estaba dispuesta a asumir dicho importe como forma de resolución del contrato. De hecho, mi intención siempre fue llegar a un acuerdo razonable.
No obstante, debido a la falta de gestión por parte de la empresa, la deuda ha continuado incrementándose hasta alcanzar una cantidad cercana a los 1.000€, lo cual considero totalmente desproporcionado, especialmente teniendo en cuenta que no he hecho uso del servicio desde la solicitud de baja.
Por otro lado, la empresa afirma no haber ejercido presión, sin embargo, dispongo de comunicaciones reiteradas (correos, mensajes y llamadas) en las que se me advierte de posibles acciones legales, incluso tras haber solicitado expresamente que la comunicación se realizara únicamente por vía escrita.
Asimismo, resulta contradictorio que la empresa sostenga que el contrato debe cumplirse íntegramente, pero al mismo tiempo ofrezca su cancelación condicionada al pago de 950€. Esto demuestra que la resolución del contrato sí es posible, pero condicionada a una cantidad que se ha visto incrementada precisamente por la falta de gestión inicial.
En este sentido, considero que el importe actual no es imputable a mi conducta, sino a la inacción de la empresa, que permitió que la deuda aumentara pese a haber manifestado mi voluntad de causar baja desde el primer momento.
Por todo lo anterior, reitero mi disposición a alcanzar una solución justa y proporcional, basada en las circunstancias reales del caso, y no en una deuda incrementada de forma artificial.