Yo, Rouss Rimachi Del Aguila, interpongo reclamación contra la empresa MasterD por considerar que he sido objeto de acoso telefónico, falta de transparencia, desorganización interna y presión indebida en relación con el contrato de formación suscrito.
En el momento de la contratación, realizada de forma presencial, no se me informó de manera clara ni suficiente sobre aspectos fundamentales del contrato, especialmente:
La limitación del derecho de desistimiento a 14 días.
Las condiciones reales en caso de solicitar baja o aplazamiento.
La obligación de continuar pagando incluso sin hacer uso del servicio.
La falta de validez académica oficial del título ofrecido, lo cual era un aspecto determinante para mí, ya que mi intención era formarme para trabajar en ese ámbito.
Asimismo, durante el proceso de contratación no se me facilitó un espacio adecuado para revisar con calma el contenido del contrato, ya que la gestión se realizó en un contexto de insistencia comercial continua, lo cual dificultó una lectura completa y consciente de las condiciones en el momento de la firma.
Posteriormente, al intentar solicitar la baja por motivos económicos (falta de empleo), se me informó por primera vez de condiciones que no me habían sido explicadas previamente, como la obligación de continuar abonando las cuotas.
Asimismo, cabe señalar que la propia empresa facilitó inicialmente un correo electrónico incorrecto o mal escrito, lo que dificultó la comunicación desde el inicio y generó confusión en las gestiones. Este hecho evidencia una falta de diligencia en el tratamiento de los datos del cliente y en la correcta atención al mismo.
Además:
He solicitado en repetidas ocasiones que toda comunicación se realice por escrito (correo electrónico), lo cual ha sido ignorado, recibiendo llamadas telefónicas insistentes.
La empresa ha mostrado una clara falta de coordinación interna, ya que distintos departamentos (atención al alumno y cobros) manejan información contradictoria.
Mientras el departamento de atención al alumno evita dar soluciones concretas, el departamento de cobros continúa enviando mensajes de presión exigiendo pagos.
Asimismo, durante todo el proceso de reclamación, mi caso ha sido derivado de manera reiterada entre distintos departamentos, sin que ninguno de ellos haya asumido la responsabilidad de ofrecer una solución concreta. Esta situación ha generado una falta de seguimiento efectivo y una clara desorganización interna.
En una de las comunicaciones telefónicas mantenidas con la empresa, el personal indicó que no podía gestionar la solicitud alegando falta de conocimiento directo del caso, lo cual resulta improcedente tratándose de una relación contractual formal y evidencia una gestión inadecuada de la información del cliente.
Igualmente, se ha constatado una contradicción en la información proporcionada por la propia empresa, ya que en distintas ocasiones han afirmado tanto desconocer los datos del expediente como reconocerlos posteriormente, lo que refuerza la falta de coherencia y coordinación interna.
Actualmente estoy recibiendo correos y mensajes con advertencias de acciones legales en plazos muy breves (24 horas), sin haber recibido previamente una respuesta clara y formal a mi solicitud de mediación.
Cabe señalar que dispongo de grabaciones de dichas comunicaciones telefónicas, que se aportarán como prueba de lo expuesto.
Considero que estas prácticas son abusivas, generan indefensión y suponen una presión indebida hacia el consumidor.
Solicitud:
Solicito:
La revisión de mi caso de forma justa y objetiva.
La cancelación del contrato o, en su defecto, una solución proporcional y razonable (como una penalización ajustada al uso real del servicio).
El cese inmediato de las comunicaciones telefónicas, respetando mi solicitud de comunicación exclusivamente por escrito.
El cese de las presiones relacionadas con posibles acciones legales mientras no se resuelva la reclamación.
