I. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
El pasado 22 de febrero de 2026, mi madre, Amelia Villazán de Diego, contrató vía videollamada un programa para dejar de fumar con el "Instituto Respira Libre".
Falta de transparencia en el precio: En la captación telefónica se le ofertó un plan de 3 meses por un coste de 28,99 €/mes. Sin embargo, la realidad ha sido el cargo de cuotas de 98,91 €.
Contratación de financiación no consentida: Sin información previa ni consentimiento expreso, se vinculó a mi madre a un contrato de préstamo con la financiera SeQura por un importe total de 1.187 € (12 cuotas), con un TAE del 33,95% y comisiones ocultas de 12 € por recibo.
Ausencia de contrato con el prestador: No existe un contrato firmado con el Instituto Respira Libre donde se detallen estas condiciones. Solo recibimos una notificación de SeQura el 23 de febrero informando de una "cesión de derechos de crédito" de un contrato que mi madre nunca aceptó conscientemente.
Desatención al cliente: Se envió un correo de reclamación el 23 de marzo de 2026 solicitando aclaraciones y la cancelación, sin haber recibido respuesta alguna por parte del Instituto hasta la fecha.
II. INFRACCIONES LEGALES
Consideramos que estos hechos vulneran la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) en los siguientes puntos:
Vicio en el consentimiento (Art. 1265 Código Civil): El contrato es nulo al haberse prestado bajo error provocado por información engañosa sobre el precio.
Falta de información precontractual (Art. 97 LGDCU): En contratos a distancia, es obligatorio entregar las condiciones por escrito antes de la aceptación.
Prácticas comerciales agresivas y engañosas: Ocultar una financiación de más de 1.000 € tras una oferta de 28 € es una práctica abusiva.
III. SOLICITUD
Por todo lo expuesto, solicito la mediación de la OCU para obtener:
La anulación inmediata del contrato de servicios con el Instituto Respira Libre.
La cancelación del contrato de financiación vinculado con SeQura sin penalización alguna.
La devolución de las cantidades cobradas indebidamente (cuotas y comisiones de 12 €).
El cese de cualquier comunicación de recobro o amenaza de inclusión en ficheros de morosidad.
