Financiación del bono social y factura eléctrica

En la factura eléctrica de la mayor parte de los consumidores hay desde hace un par de años un concepto: Financiación del bono social. 

 El bono social eléctrico tiene desde 2022 un nuevo sistema de financiación (que ya va por el tercero). Una sentencia del Tribunal Supremo declaró que no se podía aplicar el modelo de financiación vigente desde 2016, que hacía recaer el coste del bono social exclusivamente sobre las compañías comercializadoras de energía. Desde abril de 2022, todas las empresas que operan en el sector (distribuidoras, comercializadoras, empresas generadoras de electricidad…) deben contribuir a su financiación, aunque la realidad es que finalmente son los pequeños consumidores eléctricos los que acaban financiando este coste.

El Ministerio establece el reparto y los importes

El Ministerio estableció en qué medida cada sector debía contribuir a sufragar el coste del bono social. El reparto es el siguiente:

• el sector de la generación eléctrica contribuye con 46,44%,
• comercializadoras (47,56%).
• distribuidoras (3,93%),
• transporte en redes de alta tensión (1,09%),
• y los consumidores directos (empresas muy grandes que compran directamente la energía sin precisar de comercializadoras), un 0,98%.

Cada año se establece para cada uno de los sectores cuál es el importe concreto que tienen abonar esas empresas. Por ejemplo, las empresas que producen electricidad tienen que pagar en 2024 0,238676 euros por cada MWh de electricidad generada, las  distribuidoras,  0,310777 euros al año por cada suministro (CUPS) que reciba sus servicios . Las empresas que comercializan electricidad, si bien durante 2022 y 2023 el importe superó los 13 euros al año, durante 2024 se ha reducido 2,299047 euros al año por cada suministro (y da lo mismo el consomo que haga ese cliente). 

El consumidor eléctrico es el que acaba pagando

Sobre el papel, son las empresas las que sufragan el bono social, pero en realidad, es el consumidor eléctrico (incluido el que se beneficia del bono social) el que lo financia.  Las razones son sencillas.

• Las empresas que producen electricidad, como todas ellas tienen que contribuir con el importe estipulado por el Ministerio, pueden incrementar todas el precio al que ofrecen la electricidad. Es decir, el precio de la electricidad subirá por ese mismo importe. Algo que no ocurriría si, por ejemplo, se hubiera decidido que solo las empresas con un peso significativo en el mercado tuvieran que hacerlo. Estas no tendrían tan fácil trasladarla al precio porque otras empresas, sin ese sobrecoste, competirían más fácilmente en el mercado.
• Las empresas que se dedican al transporte y distribución de energía, cuyo negocio es regulado y operan con tarifas fijadas por la administración, solo necesitan que les reconozcan ese nuevo coste, y así sea trasladado a los peajes que cada año son revisados y pasan a formar parte de nuestra tarifa eléctrica.
• Y por último, están las comercializadoras que, como ocurre con la generación, al tratarse de un coste que tienen todas las compañías, pueden trasladar ese coste de una forma u otra a sus clientes sin problema ya que no van a perder competitividad en su tarifa...  ¿cómo trasladan a la factura ese coste?

La financiación del bono social en la factura

Lo cierto es que de una forma u otra la financiación del bono social acaba repercutiendo en la factura que paga el cliente, pero no siempre aparece como un concepto visible. 

Las mayoría de las comercializadoras han optado crear un nuevo concepto en su tarifa (y en la factura): Financiación Bono Social y trasladan exactamente el mismo coste que tienen que pagar ellos a sus clientes. Al contratar deben informar de este concepto, aunque cuando arrancó este sistema de financiación, la mayoría optó con trasladarlo a la tarifa automáticamente al considerarlo un nuevo coste regulado e interpretar que no hacía falta comunicación previa y aceptación por parte del cliente.

Las comercializadoras de referencia, que ofrecen la tarifa PVPC, no pudieron trasladar este nuevo coste automáticamente, ya que sus precios están regulados, pero en 2023, con la modificación del PVPC, se incluyó que incorporara también este coste en la tarifa y como lo había hecho con retraso (y las comercializadoras de referencia habían estado soportando este coste sin poder trasladarlo al cliente) se decidió que se hiciera por un valor superior. En concreto durante 2024, los hogares con la tarifa PVPC soportan un coste de 12,40 euros al año. 

También los beneficiarios del bono social, como tienen contratada la tarifa PVPC sobre la que se aplican los descuentos, deberán contribuir a su financiación y en su factura verán tanto el descuento por el bono social como el recargo por su financiación.

Los consumidores exigimos transparencia

Los contratos de muchas comercializadoras se han ido blindando contra posibles cambios en las normas añadiendo cada vez más circunstancias que pueden repercutir al cliente sin que sea considerado una modificación del contrato, algo que no nos parece aceptable. Desde OCU opinamos que los cambios regulatorios no pueden ser la excusa para complicar más la factura de los consumidores y para hacer menos transparente su comunicación, porque lo que está claro es que cada vez que un nuevo concepto se incorpora a la factura eléctrica, se vuelve menos comprensible y más difícil es comparar las tarifas.

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