Desde el 7 de junio de 2024, fecha en la que mi vehículo Citroën C3 Aircross matrícula 4772 KTD fue objeto de un
robo violento que provocó la rotura de la luna trasera y la sustracción de la pantalla central (elemento esencial que
integra funciones de seguridad - luces de emergencia), Citroën no ha sido capaz de ofrecer una solución efectiva ni
restablecer la operatividad legal del vehículo. La solicitud de reparación fue gestionada a través de la aseguradora
Catalana Occidente, quien derivó el coche a un taller multimarca (Talleres Aznar, en Rubí). Sin embargo, dicho
establecimiento no pudo avanzar en la reparación por falta de recambios. Se hizo el traslado al servicio oficial de la
marca (Citroën Sant Boi), donde desde hace más de tres meses el vehículo permanece paralizado, ya que ni
siquiera el taller oficial ha podido conseguir el cableado necesario para instalar la pantalla. Los propios
administrativos del taller han expresado su sorpresa por la falta de disponibilidad de recambios tan fundamentales,
lo que evidencia un grave problema estructural en la posventa y logística de Citroën. Durante este año de espera, el
perjuicio ha sido múltiple: no se ha facilitado coche de sustitución, lo que me obligó a alquilar vehículos por mi
cuenta, incluso en momentos críticos como una cirugía urgente de mi esposa. A ello se suma una avería sufrida en
carretera (por la correa de distribución) sin poder accionar los warnings, exponiéndo a todos a un riesgo real de
colisión, esto por problemas mecánicos graves del motor PureTech, cuya correa de distribución requirió una
intervención urgente a los 81.000 km cuando la fuente dice ser a los 100 000km. Tras más de un año sin solución,
hace 3 meses sin vehículo, sin seguridad y sin respuestas claras por parte de Citroën ni de Stellantis, el caso ha
escalado a una situación insostenible. La marca no ha cumplido con su obligación de garantizar un producto
funcional, reparable ni seguro, vulnerando con ello derechos básicos del consumidor.
