Por la presente, me dirijo a ustedes para formular una reclamación en relación con el cargo que he recibido por penalización debido a una supuesta cláusula de permanencia que, en ningún momento, me fue informada de manera clara, transparente ni previa, ni verbalmente ni por escrito.
En el momento en que contraté el servicio con Íntegra Energía, tras una llamada comercial, me aseguraron explícitamente que no existía compromiso de permanencia y que podía cambiar de compañía cuando lo deseara sin penalización alguna. No se me proporcionó información clara ni se me hizo entrega de una copia del contrato en la que se detallara la existencia de una cláusula de permanencia. La copia del contrato me la enviaron desde Integra meses después porque la solicité yo tras la factura recibida con la penalización.
Asimismo, les recuerdo que, según el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ustedes están obligados a proporcionar información previa, clara, suficiente y comprensible sobre las condiciones contractuales, de acuerdo con los principios de transparencia recogidos en el artículo 60 y siguientes de dicha normativa.
En concreto:
• Artículo 60: Obliga al empresario a informar al consumidor de las condiciones esenciales del contrato, entre ellas, la existencia de cláusulas de permanencia y sus consecuencias económicas.
• Artículo 61.2: Establece que cualquier cláusula no informada de manera previa, clara y comprensible será nula de pleno derecho.
Además, el Real Decreto 897/2017, que regula la protección de los consumidores vulnerables en el sector eléctrico, establece que las comercializadoras deben garantizar una comunicación transparente y comprensible para los usuarios.
Por todo lo anterior, solicito:
1. La devolución íntegra del importe cobrado en concepto de penalización.
2. La anulación de cualquier cláusula de permanencia en caso de que figure en el contrato, por no haber sido informada de manera clara y previa.
3. Una respuesta formal por escrito a esta reclamación en un plazo máximo de 30 días.
En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, me veré obligada a trasladar esta reclamación a la Oficina de Atención al Consumidor (OCU) y, si fuera necesario, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para que analicen la posible vulneración de los derechos de los consumidores.
