En el año 2022, me vi en la necesidad de cambiar de domicilio. En mi nueva vivienda, un técnico de Vodafone me informó in situ de la imposibilidad de instalar el servicio de fibra contratado, debido a la falta de infraestructura en la zona. Ante esta circunstancia, me vi obligado a contratar el servicio con otra compañía (Movistar), a pesar de mi deseo de mantenerme como cliente de Vodafone.
Durante el proceso de baja, Vodafone me exigió el pago de una penalización por dos terminales móviles adquiridos, cuyo importe ascendía a 126,54 €, cantidad que aboné en fecha 02/01/2023.
Respecto a la penalización por incumplimiento de la permanencia del servicio de fibra, varios operadores de Vodafone me aseguraron telefónicamente —y así quedó registrado— que no debía abonarse penalización alguna, al ser imposible por parte de Vodafone cumplir con el servicio inicialmente contratado.
Sin embargo, desde entonces he recibido continuas llamadas y mensajes de empresas de recobro actuando en nombre de Vodafone, reclamando el pago de una supuesta deuda por dicha penalización improcedente. Finalmente, he sido incluido en registros de morosidad como ASNEF, lo cual está afectando gravemente a mi reputación financiera y limitando mi acceso a servicios básicos.
Como ya no soy cliente de Vodafone, me resulta imposible contactar por los canales habituales. Por ello, exijo:
1. La localización y revisión de las grabaciones telefónicas realizadas durante la gestión de la baja, en las cuales se me eximía del pago de penalización por permanencia.
2. La anulación inmediata de la deuda improcedente generada por Vodafone.
3. La retirada de mis datos de cualquier fichero de morosidad en el que haya sido incluido como consecuencia de este error.
