Me pongo en contacto con ustedes para solicitar su apoyo en una reclamación contra mi compañía aseguradora, Allianz seguros, debido a su negativa a asumir el coste total de la defensa jurídica incluida en mi póliza de seguro de hogar, así como a las condiciones injustas y poco razonables que me han impuesto tras un despido improcedente.
Los hechos son los siguientes: en Mayo de 2024, al adquirir una hipoteca para mi nueva vivienda, la entidad bancaria me obligó a contratar un seguro de hogar con Allianz seguros, el cual incluía una cobertura de defensa jurídica de hasta 6.000 euros. Unos días después de finalizar la mudanza, fui despedido de manera improcedente por mi empresa. Dado que el plazo para presentar la papeleta de conciliación es muy reducido, me vi en la necesidad de actuar con urgencia.
Inicialmente intenté utilizar los servicios de defensa jurídica de la aseguradora. Contacté con ellos para solicitar un abogado, pero su respuesta fue vaga, indicándome que “ya se pondrían en contacto conmigo” sin ofrecerme una solución inmediata. Ante la premura del asunto y la falta de diligencia por su parte —sumada a mi desconfianza hacia la calidad de sus servicios, basada en experiencias previas con otros servicios de la póliza como el de reparaciones, que resultaron lentos e ineficaces—, decidí contratar un abogado externo. Gracias a esta decisión, tras un año de proceso, gané el juicio por despido improcedente.
Sin embargo, al reclamar la cobertura de los honorarios del abogado (que ascienden a 5980 euros, la aseguradora se niega a abonar el importe completo de 6.000 euros estipulado en la póliza. Alegan, en primer lugar, una cláusula que limita la cobertura a 3.000 euros si se recurre a un abogado externo, una condición que no me fue comunicada de forma clara ni destacada al contratar el seguro. Considero que esta limitación es abusiva, especialmente porque la aseguradora no me proporcionó una alternativa viable en el tiempo requerido, lo que me obligó a buscar una solución por mi cuenta.
En segundo lugar, me exigen un certificado de empadronamiento para demostrar que residía en la vivienda asegurada en el momento del siniestro (el despido). Este requisito me parece desproporcionado e injusto en mi situación: el despido ocurrió inmediatamente después de la mudanza, cuando aún no había tenido tiempo material para empadronarme. El proceso de mudanza, adaptarme a un nuevo pueblo y localizar el ayuntamiento para realizar el trámite requieren un tiempo que no pude gestionar en esas circunstancias excepcionales. Además, el empadronamiento no es el único medio para acreditar la residencia; existen otras pruebas como contratos, facturas o el propio testimonio de la mudanza que podrían ser consideradas. No fue mi elección ser despedido justo tras adquirir una hipoteca y mudarme, y la aseguradora debería contemplar excepciones para casos como el mío, en lugar de imponer requisitos rígidos que dificultan el acceso a la cobertura contratada.
Por todo lo expuesto, solicito la intervención de la OCU para que medie con Allianz seguros y se me reconozca el derecho a la cobertura completa de 6.000 euros por los gastos de defensa jurídica, sin las limitaciones injustas que se me están aplicando. Asimismo, pido que se revise la exigencia del certificado de empadronamiento como único medio de prueba, ya que no refleja la realidad de mi situación y vulnera mis derechos como consumidor.
Quedo a su disposición para aportar cualquier documentación adicional que sea necesaria (póliza, sentencia del juicio, comunicaciones con la aseguradora, etc.) y agradezco de antemano su apoyo en la resolución de este conflicto.
Atentamente,
Santos Jara .
