En fecha 05/07/2025, contraté la fibra a través de la página web, guiada por la clara indicación de ausencia de permanencia, confirmada verbalmente por una empleada en llamada telefónica.
Desde el inicio, la conexión fue lenta e inestable, obligándome a usar mis datos móviles para trabajar, pese a que no había avería, sino evidente deficiencia en el rendimiento.
El día 28/08/2025, solicité la baja. Entonces Lowi me comunicó que debía abonar una penalización de 100 € por costes de instalación, algo que no aparecía informado claramente en la web ni en la llamada de una teleoperadora mejorando los servicios que iba a contratar, y que solo figura actualmente de forma visible (lo que evidencia la falta de transparencia inicial).
Durante esa jornada, mantuve dos llamadas con empleados:
A las 15:13 h, se me dijo que si el servicio técnico confirmaba la baja calidad del servicio, la penalización podría ser anulada.
A las 16:18 h, la empleada llamada Diana negó esa posibilidad, se negó a facilitar su número de empleada, y me responsabilizó por no haber contactado antes con el servicio técnico.
En esa conversación, dicha empleada reconoció que el router fallaba (pérdidas de señal, falta de opción 5G, y uso de conexión coaxial, tecnología obsoleta).
Solicité que quedaran registradas ambas grabaciones (la de contratación y la de la reclamación del 28/08) para aportarlas como prueba, pero no se me asegura que puedan facilitarse, además de comunicármelo de muy malas maneras.
Además, técnicos independientes me han confirmado que la conexión por cable coaxial (tecnología HFC) es inferior en estabilidad y velocidad frente a la fibra óptica completa, debido a limitaciones de ancho de banda, latencia más alta y susceptibilidad a interferencias, lo cual explica el mal rendimiento que he sufrido.
Por todo ello, basándome en Derecho que me ampara a una información clara y veraz, según la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) y la aplicación de una penalización encubierta sin aceptación expresa vulnera el principio de transparencia y confianza contractual. solicito:
-Anulación de la penalización de 100 €, dada la falta de información transparente en el momento de la contratación y el uso de hardware obsoleto que ha afectado gravemente la prestación del servicio.
-Acceso a la grabación de la llamada de contratación (donde se me confirmó que no había permanencia) y las llamadas del 28/08/2025 (15:13 y 16:18 h), como prueba de las contradicciones y falta de claridad.
- Rectificación de mi situación contractual y confirmación por escrito de la cancelación de cualquier penalización.
Ahora mismo, no me he dado de baja por dicha amenaza y considero que esto es una extorsión, por lo que exijo que se me de de baja sin aplicar ninguna multa por permanencia.
