El pasado 30 de abril, mientras solicitaba un préstamo de 4.000 € a través de la plataforma MyKredits, fui redirigida sin solicitarlo expresamente a otra entidad, Kviku, que procedió a realizarme un ingreso automático de 10 € sin que yo hubiera solicitado dicho préstamo en ningún momento.
En cuanto recibí la notificación del ingreso, ese mismo día y en el plazo legalmente establecido, intenté ejercer mi derecho de desistimiento de forma inmediata. Llamé a ambos teléfonos de contacto que figuran en la web, sin éxito, por lo que procedí a enviar un correo electrónico formal ejerciendo dicho derecho minutos después de recibir el ingreso. Este intento de desistimiento se realizó un viernes por la mañana, y no obtuve respuesta por su parte hasta la semana siguiente.
Pese a haber ejercido mi derecho correctamente y dentro del plazo, Kviku me reclamó el pago de intereses, a lo que me negué firmemente, manifestando mi disposición a reintegrar los 10 € recibidos, pero sin aceptar ningún tipo de interés o comisión, ya que no corresponde conforme a la normativa de protección de consumidores. Procedí a realizar la devolución de los 10 € de inmediato.
A pesar de ello, la entidad ha continuado exigiendo el pago de intereses, ignorando mis correos electrónicos y sin ofrecer respuesta alguna a mis comunicaciones. En cambio, recibo llamadas automáticas todos los días, incluidos fines de semana, así como mensajes y correos con amenazas de incluirme en listas de morosos o de vender mi supuesta deuda a terceros. Estas comunicaciones son insistentes, intimidatorias y, en mi opinión, constituyen acoso.
Además, esta situación está afectando gravemente a mi salud y descanso, ya que trabajo de noche y las constantes llamadas me despiertan a diario, provocando un deterioro de mi bienestar físico y mental.
Adjunto capturas de pantalla que prueban que ejercí mi derecho de desistimiento minutos después del ingreso.
He notificado en varias ocasiones mi intención de devolver el importe sin aceptar condiciones abusivas, y si esta situación persiste, me veré obligada a acudir a la Policía, al Banco de España o al organismo competente en materia de consumo y protección financiera, además de continuar por esta vía.
Esta situación representa una grave falta de transparencia y de atención al cliente, y me reservo el derecho a emprender las acciones legales correspondientes.
Atentamente,
Elsa Castro Alcon
