El día 9 de octubre de 2025, contraté un curso online de formación con la empresa que opera bajo los nombres “De0a10K” y “Tudroshipper”, a través de una reunión online con un representante comercial.
La empresa se identifica en su documentación como Tudroshipper FZCO (con sede fiscal en Dubái, Emiratos Árabes Unidos), aunque en los correos y materiales de contratación también aparece el nombre Tudroshipper Ltd, registrada en el Reino Unido.
Esta dualidad de nombres y domicilios genera confusión deliberada sobre la verdadera identidad jurídica de la empresa, impidiendo al consumidor saber con quién contrata realmente, y dificulta cualquier reclamación posterior.
Durante la contratación, el representante de la empresa introdujo directamente mis datos personales en la plataforma Hotmart, sin informarme de que Hotmart actuaba como intermediario, ni de los derechos de desistimiento y reembolso disponibles.
Nunca tuve acceso a la página de compra, ni a los términos y condiciones antes del pago.
Antes de firmar el contrato, manifesté por escrito mi intención de cancelar la contratación, pero el representante me indicó que la única forma de recuperar el dinero era firmar el contrato y acogerme a una supuesta “garantía de reembolso”, con condiciones prácticamente imposibles de cumplir.
Esto constituye una presión comercial y un vicio en el consentimiento, ya que firmé bajo engaño y sin información veraz sobre las condiciones del servicio.
Posteriormente, al ejercer mi derecho de desistimiento dentro del plazo legal, la empresa lo denegó, alegando que el contrato no contemplaba esa opción por haberse “iniciado el servicio”, sin recabar mi consentimiento previo a la pérdida del derecho, como exige el artículo 103.m del Real Decreto Legislativo 1/2007.
El 23 de octubre de 2025 remití una reclamación formal por correo electrónico solicitando la nulidad del contrato por falta de información y consentimiento, sin haber recibido respuesta alguna hasta el día de hoy, 11 de noviembre de 2025.
Además, la operación está vinculada a una financiación con la empresa SeQura, que fue informada de la disputa, mientras una empresa de recobro vinculada a dicha financiera continúa contactándome e intimidándome con amenazas de inclusión en ficheros de morosidad, pese a que la deuda se encuentra formalmente impugnada.
Considero que esta actuación conjunta vulnera gravemente los derechos del consumidor, en particular:
el derecho a una información previa veraz, clara y comprensible (artículos 60, 97 y 105 del TRLGDCU);
la prohibición de omisiones engañosas (artículo 7 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal);
y el principio de transparencia contractual del artículo 80 del TRLGDCU.
Por todo ello, solicito la anulación del contrato y el reembolso íntegro de las cantidades abonadas, y pido a la OCU que publique esta reclamación de forma visible, dada la opacidad jurídica de la empresa, su negativa a responder y el perjuicio causado a consumidores españoles desde estructuras empresariales con domicilio fuera de la Unión Europea (Dubái y Reino Unido).
