EXPONGO
Que el día 27 de Septiembre de 2025 realicé un trayecto con una motocicleta del servicio de alquiler ACCIONA MOTOSHARING.
Transcurrida aproximadamente una semana, recibí un correo electrónico de la empresa con el siguiente texto: “Parece que ha ocurrido un contratiempo, y realizaremos un cargo a su tarjeta”, tras lo cual se me cargaron dos importes no justificados:
77,00 € en concepto de supuesto “mal aparcamiento y retirada a depósito”.
30,25 € en concepto de “gestión”.
En ningún momento se me comunicó formalmente qué infracción concreta había ocurrido, ni se me remitió ninguna prueba documental (fotografía, informe o acta policial) que demostrase el supuesto mal aparcamiento o la retirada del vehículo. Tampoco se me informó previamente del cargo, limitándose la empresa a efectuar el cobro de forma unilateral.
Tras contactar telefónicamente con el servicio de atención al cliente, se me informó verbalmente de los conceptos anteriores, sin aportar documentación alguna. Por tanto, los hechos descritos constituyen una vulneración grave de mis derechos como consumidor.
FUNDAMENTOS LEGALES
1. Falta de información y transparencia:
Según el artículo 60 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007, los consumidores tienen derecho a recibir información veraz, suficiente y comprensible antes de realizar cualquier pago. En este caso, ACCIONA Mobility ha incumplido esta obligación al no comunicar el motivo, las pruebas ni el desglose del cargo realizado.
2. Cobro unilateral sin consentimiento ni prueba:
El artículo 89.3 del citado Real Decreto Legislativo considera abusivas las cláusulas que permiten al empresario decidir unilateralmente sobre el cumplimiento o incumplimiento del contrato, así como imponer sanciones o penalizaciones sin audiencia previa del consumidor.
ACCIONA ha actuado como juez y parte, imputándome una supuesta infracción sin probarla ni darme derecho de defensa.
3. Gestión abusiva e injustificada:
El cobro adicional de 30,25 € en concepto de “gestión” carece de toda justificación y proporcionalidad, ya que la empresa no ha demostrado haber realizado gestión alguna más allá de la mera notificación de una supuesta infracción.
El artículo 82 del RDL 1/2007 califica como abusivas las cláusulas que impongan al consumidor servicios accesorios no solicitados ni efectivamente prestados.
Además, el artículo 3 de la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de Contratación obliga a que toda condición o cargo adicional sea claro, comprensible y aceptado expresamente, cosa que en ningún momento ha ocurrido.
4. Vulneración del derecho a la prueba:
Conforme al principio de carga de la prueba (art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), corresponde al empresario demostrar los hechos que justifican el cobro. Hasta la fecha, ACCIONA no ha presentado ninguna prueba objetiva de la supuesta infracción ni documentación del depósito, lo que invalida cualquier cargo realizado.
5. Posible perjuicio económico adicional:
Dado que no resido actualmente en el domicilio que figura en mi cuenta, de haberse emitido una multa por parte del Ayuntamiento, no recibiría la notificación en plazo, perdiendo el derecho al pronto pago y viéndome obligado a abonar el importe completo, además de la gestión abusiva cobrada por ACCIONA.
Esta práctica podría vulnerar el artículo 8.1 del RDL 1/2007, que garantiza la protección frente a prácticas comerciales desleales o desproporcionadas.
POR TODO ELLO, SOLICITO
La devolución íntegra de los 77,00 € cargados indebidamente en concepto de “retirada a depósito”, al no existir prueba alguna de la infracción ni comunicación previa.
La devolución del importe de 30,25 € en concepto de “gestión”, al considerarse un cargo abusivo, no solicitado ni justificado.
Que se aperciba a ACCIONA Mobility S.A. para que cese en la práctica de efectuar cargos unilaterales sin comunicación ni prueba previa, contraviniendo la normativa de consumo.
Que, en caso de que existiera una sanción municipal, se me remita copia íntegra del expediente sancionador, con fecha, lugar, fotografía y número de boletín, para poder ejercer mi derecho de defensa y acogimiento al pronto pago.
CONCLUSIÓN
El comportamiento de ACCIONA Mobility vulnera la legislación de protección al consumidor, incurre en falta de transparencia, cobro no autorizado y cláusulas abusivas, por lo que solicito la mediación de Consumo/OCU para la devolución inmediata de los 107,25 € cobrados, con apercibimiento a la empresa para que se abstenga de repetir esta práctica con otros usuarios.
