La Directiva (UE) 2020/1828, de 25 de noviembre de 2020,  sobre acciones colectivas para proteger los intereses de los consumidores tiene que transponerse al derecho español para que se empiece a aplicar en nuestro país. Según indica la propia directiva, la fecha tope para esa transposición era el 25 de diciembre de 2022 y se empezaría a aplicar a partir del 25 de junio de 2023.

La Directiva homogeneiza la regulación de las acciones judiciales colectivas en los países de la UE y facilita la defensa de los usuarios, especialmente, en casos que afectan a varios países.

La han eliminado del proyecto de ley

Pues bien, la Directiva todavía no se ha transpuesto, lo que representa más de un año y medio de retraso, y tampoco parece que lo vaya a ser próximamente tras sufrir una nueva demora al iniciar su trámite en el Congreso.

La transposición de esta normativa europea se había incluido dentro de una ley más amplia cuyo objetivo es agilizar los procesos judiciales, denominada Ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. 

Lamentablemente, la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una enmienda que suprime precisamente los apartados dedicados a la regulación de las acciones colectivas de defensa de los consumidores, por lo que ha desaparecido la transposición de la directiva del texto que se ha enviado al Senado y que será el que finalmente se tramite y vote. 

Los consumidores españoles, en desventaja 

Lamentamos esta decisión porque el aplazamiento supone un perjuicio grave para los consumidores españoles. Mientras nuestra legislación no esté armonizada con la de los restantes países de la UE, se dificulta que los consumidores pueden exigir sus derechos frente abusos como los cometidos por las entidades financieras en las cláusulas abusivas, el caso dieselgate, el cartel de vehículos, compañías aéreas etc. 

La falta de una regulación adecuada provoca que los ciudadanos tengan que presentar demandas individuales, que salen mucho más caras. Sin duda, esta circunstancia desincentiva que acudan a los tribunales cuando son víctimas de un abuso o no se respatan sus derechos. 

Por tanto, OCU insta al Gobierno a que proponga de forma urgente un texto que regule adecuadamente las acciones colectivas para garantizar el derecho de los consumidores a una protección eficaz mediante procedimientos colectivos frente a los fraudes, engaños y abusos por parte de las empresas.