OCU y No es Sano, por la transparencia

Zolgensma es un medicamento para la atrofia muscular espinal cuyo precio alcanza los dos millones de euros por paciente. No es Sano, a través de Salud por Derecho y OCU, solicitó a Sanidad información sobre el precio de financiación y su impacto presupuestario. Frente a la negativa del Ministerio y el apoyo del Consejo de Transparencia, la disidencia llegó a la Audiencia Nacional, cuya decisión ha sido bloquear el acceso a esta información. 

Un precedente peligroso 

Al anteponer la confidencialidad comercial de las farmacéuticas al derecho de acceso a la información pública, el tribunal sienta un precedente que puede dificultar aún más el control ciudadano sobre el gasto sanitario. Esta sentencia se suma a otras sentencias recientes de la Audiencia Nacional contrarias a la transparencia, como las relativas a Luxturna (indicado para tratar un tipo de distrofia retiniana hereditaria) y otras, que han acabado revocando sentencias favorables de tribunales inferiores. 

El resultado: precios más altos 

El precio de un medicamento no refleja necesariamente sus costes reales, sino lo que la industria considera que puede llegar a obtener en un sistema que no es transparente respecto al coste verdadero de la I+D, asumiendo un beneficio empresarial razonable. Por eso, aunque la industria farmacéutica defiende que mantener en secreto los precios facilita mejores acuerdos, los datos dicen lo contrario.  

Numerosos estudios europeos han demostrado que la falta de transparencia suele traducirse en precios más altos, especialmente en los países con menos recursos. Casos como el de la vacuna de la COVID-19 o los tratamientos para la fibrosis quística lo ejemplifican: la opacidad solo refuerza el poder negociador de las farmacéuticas. 

Por otro lado, esta sentencia choca frontalmente con la doctrina del Tribunal Supremo, que ha insistido en que la transparencia debe primar sobre la confidencialidad, especialmente si la información se considera de interés público. 

Pedimos compromiso y transparencia 

No es Sano, campaña de la que OCU forma parte junto a Salud por Derecho, ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. A su juicio, los precios de los medicamentos financiados con dinero público deben estar sujetos a rendición de cuentas. La ciudadanía debe poder conocer en qué se invierte su dinero y a qué coste se accede a determinados tratamientos.