Como trabajador, dejo constancia pública de mi profunda disconformidad con la actuación de UMIVALE en distintos procesos de incapacidad temporal que me han afectado directamente, actuaciones que considero contrarias a los principios de legalidad, diligencia y protección de la salud del trabajador que deben regir el funcionamiento de una mutua colaboradora con la Seguridad Social.
1. Alta médica que considero indebida en un proceso de salud mental
En un proceso de incapacidad temporal por motivos de salud mental, UMIVALE promovió una actuación que culminó en una alta médica que no se correspondía con mi estado clínico real, pese a la existencia de informes psicológicos y médicos contradictorios que desaconsejaban expresamente la reincorporación laboral.
Dicha actuación ha sido impugnada judicialmente y se encuentra actualmente en trámite ante la jurisdicción contencioso-administrativa, al considerar que la valoración realizada fue incompleta, sesgada y carente de la motivación exigible.
2. Falta absoluta de respuesta a reclamaciones formales
Posteriormente, formulé por escrito y por correo electrónico dos reclamaciones formales dirigidas a la mutua:
Una relativa a una alta médica que considero indebida.
Otra relativa a la no emisión de baja médica tras un accidente de tráfico, pese a existir afectación acreditada.
Ninguna de estas reclamaciones ha sido contestada, ni siquiera mediante acuse de recibo, lo que supone una quiebra total de los deberes mínimos de atención, transparencia y respeto al trabajador.
3. Existencia de múltiples procedimientos judiciales en curso
Estos hechos no constituyen una queja aislada, sino que han dado lugar a diversas acciones legales actualmente en curso, entre ellas:
Un procedimiento contencioso-administrativo contra la mutua, por la gestión del proceso de incapacidad temporal.
Un procedimiento contencioso-administrativo contra la empresa empleadora, por las consecuencias laborales derivadas.
Un procedimiento contencioso-administrativo contra la profesional sanitaria que emitió el informe psicológico, por considerar que su actuación vulneró normas técnicas y deontológicas.
Asimismo, se ha presentado denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitando la investigación de estas prácticas.
4. Persistencia en el ejercicio de acciones legales
Dejo constancia expresa de que seguiré ejercitando todas las acciones legales necesarias, en vía administrativa, laboral, contenciosa y, llegado el caso, penal, hasta que estas prácticas sean investigadas y cesen, y se garantice que las decisiones médicas se adoptan conforme a la ley y no en perjuicio sistemático de los trabajadores.
5. Llamamiento a otros trabajadores afectados
Quiero hacer un llamamiento público a cualquier trabajador que se haya visto en una situación similar, especialmente tras evaluaciones médicas o psicológicas que hayan desembocado en altas médicas controvertidas o prematuras, para que se ponga en contacto conmigo.
La finalidad de este contacto es valorar conjuntamente la existencia de un patrón sistemático de actuación contra trabajadores y, en su caso, explorar la interposición de acciones legales conjuntas, incluida una posible vía penal, si se acredita que estas prácticas no son hechos aislados sino una forma de proceder reiterada.
6. Finalidad de esta reclamación pública
Esta reclamación pública no persigue el ataque personal ni el descrédito gratuito, sino visibilizar hechos reales, advertir a otros trabajadores y exigir responsabilidades cuando las entidades que deben proteger la salud actúan sin transparencia ni control efectivo.
Cuando se normalizan prácticas que colocan al trabajador en situación de indefensión, la vía judicial y la denuncia pública dejan de ser una opción y pasan a ser una necesidad.
