Estimados/as señores/as:
Me dirijo a ustedes para presentar reclamación formal en relación con la actuación de Euskaltel respecto a un contrato que, a todos los efectos, no se encuentra vigente desde el pasado 18 de junio.
Tal y como se me ofreció desde el departamento de retenciones, la continuidad en la compañía se pactó expresamente sin compromiso de permanencia, siendo esta la única condición por la que acepté mantener el servicio, con el fin de comprobar si las modificaciones técnicas propuestas resolvían los problemas de cobertura existentes. Sin embargo, los citados problemas persistieron, motivo por el cual la relación contractual fue dada por finalizada en la fecha indicada.
Pese a ello, Euskaltel ha emitido facturas y ha intentado realizar cobros en concepto de penalización por baja anticipada o incumplimiento de contrato, invocando un compromiso de permanencia inexistente y, por tanto, nulo de pleno derecho, en virtud de lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007), por vulnerar el principio de buena fe contractual y el deber de transparencia.
Adicionalmente, se me ha comunicado la posibilidad de ser incluido en ficheros de morosidad como consecuencia de dichos importes. Les recuerdo que, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en la doctrina consolidada de la Agencia Española de Protección de Datos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, resulta ilícita la inclusión de datos de un consumidor en registros de morosidad cuando la deuda es incierta, discutida o controvertida, como ocurre en este caso. Tal actuación supondría una vulneración de mis derechos fundamentales y facultaría el ejercicio de acciones legales por daños y perjuicios, incluidas reclamaciones por intromisión ilegítima en el derecho al honor.
En virtud de lo expuesto, SOLICITO:
La anulación inmediata de todo cargo y facturación relacionada con un supuesto compromiso de permanencia inexistente.
La devolución de las cantidades que, en su caso, se hubiesen cobrado indebidamente.
La confirmación expresa y por escrito de que no existe obligación de permanencia ni deuda pendiente a mi cargo.
La garantía formal de que mis datos no han sido ni serán incluidos en registros de morosidad de manera ilegítima.
De persistir la situación o de recibir nuevas amenazas de inclusión en dichos registros, procederé a interponer la correspondiente reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), así como ante los organismos de Consumo competentes, y me reservo el derecho a ejercitar las acciones judiciales que correspondan en defensa de mis derechos.
Atentamente,
