En fecha 16 de octubre de 2017, las dos inquilinas del piso ubicado en la calle Alcántara, 78, 2º derecha (Madrid), Dña. Esperanza Barragán y Dña. Sandra Cortés (en adelante, “las inquilinas”), al llegar de trabajar se encontraron que no podían acceder al interior de la vivienda por motivos desconocidos. En ese momento (alrededor de las 20.30h), decidieron llamar a la compañía de cerrajería DOPISAN OBRAS Y REPARACIONES, S.L., sita en la calle Ramón Rubial, 2, 28904 Getafe (Madrid), provista de C.I.F. nº. B84176379 para que acudiera al domicilio y arreglara la cerradura de la puerta de entrada.Tras una espera de casi dos horas, el cerrajero se presentó en la vivienda donde inició los trabajos de apertura de la puerta, que se encontraba completamente bloqueada. Alrededor de unos 35/40 minutos después, el cerrajero enviado por la empresa pudo abrir la puerta. Hasta ese momento el técnico no informó en ningún momento de a cuánto ascendería el precio del servicio de apertura de la puerta ni el precio de la tarifa de la empresa. Una vez abierta la puerta, el técnico les comentó que el arreglo definitivo de la cerradura llevaba mucho más tiempo y que ascendería a la desproporcionada cantidad de 1.100 euros sin I.V.A. aproximadamente (este precio incluía el servicio de apertura de la puerta además del cambio de cerradura). En ese momento, las inquilinas del piso llamaron a la casera para preguntar si lo aceptaba, a lo que evidentemente no accedió debido a lo abusivo y desproporcionado del precio, por lo que se rechazó el arreglo completo y definitivo de la cerradura. Las inquilinas pidieron al técnico que les calculara el precio de la mera apertura de la puerta (recordemos, un servicio por el que se estuvo trabajando unos 30-35 minutos y simplemente consistió en dar golpes a la puerta y a utilizar una radiografía para abrirla). Por la simple apertura de la puerta y, teniendo en cuenta que previamente no se mostraron ni comentaron las tarifas que tiene la compañía por la prestación del servicio, el técnico imputó en la factura un coste de 580 euros sin I.V.A. (insistimos, NO hubo información previa de las tarifas por parte de la empresa). En este punto, ante la desproporcionalidad de la cuantía, las inquilinas pidieron explicaciones y el desglose del precio. El técnico sacó un folio bastante parco en explicaciones en el que desglosaba dicho precio. Tras sumar todos los conceptos correspondientes, sumaba la cifra, no de 580 euros que nos pedía el técnico, sino de 550 euros sin I.V.A. En cualquier caso, las inquilinas encontraban dicho precio totalmente abusivo y desproporcionado con el servicio prestado y, sobre todo, se oponían al hecho de no haber sido informadas previamente a la realización del servicio. Esta falta de información por parte de la empresa fue una muestra incuestionable de mala fe, puesto que era evidente que de haber sabido a cuánto ascendía el excesivo precio del servicio, las inquilinas se hubieran opuesto tajantemente a su prestación y la empresa hubiera perdido dos clientes. Tras expresar su oposición al técnico, este comenzó a enfadarse y, dentro de la propia casa de las inquilinas, empezó a increpar a Dña. Esperanza Barragán de manera cada vez más agresiva, haciendo comentarios tales como que las inquilinas eran “unas chulas” o que eran unas mentirosas porque sí que habían aceptado el precio del servicio y querían dejarlo sin pagar. Consecuentemente, tras una larga discusión por la disconformidad con el precio fijado, el técnico llamó a la empresa de cerrajería y le pasó el teléfono a Dña. Sandra Cortés quien habló con uno de los encargados de la empresa, un tal D. David (no llegó a decir su apellido). Tras exponerle Dña. Sandra Cortés la situación de una manera sosegada y respetuosa y explicar las razones por las que las inquilinas se oponían al precio desorbitado y que no se les había informado con anterioridad a la prestación del servicio las tarifas de la empresa, D. David de manera violenta amenazó telefónicamente a Dña. Sandra Cortés, haciendo los siguientes comentarios: “es que como no paguéis, sabemos dónde vivís, vamos a ir todos las semanas, todos los días que haga falta, os vamos a poner pegamento en la cerradura y os vamos a j... la puerta hasta que paguéis. No vais a poder entrar en casa ni un solo día” “es que os la lío, porque soy así y os la puedo liar, os vamos a j... la puerta todos los días que haga falta hasta que paguéis”. Ante tales comentarios, Dña. Sandra Cortés pidió que parara de amenazarle ante lo que D. David respondía: “No es una amenaza. Una amenaza sería decir que te voy a romper la cabeza. Yo solo te estoy diciendo que te voy a j... la puerta porque sé dónde vives”. Ante la discusión cada vez más acalorada que mantenían Dña. Esperanza Barragán y el técnico y las amenazas telefónicas que padeció Dña. Sandra Cortés por parte del encargado de la empresa, Dña. Esperanza Barragán decidió llamar a la policía. Al rato vinieron dos agentes de la Policía Nacional que actuaron como meros mediadores y ni tan siquiera pudieron identificar al “supuesto” trabajador de la compañía, que no portaba la documentación mínima y obligatoria consigo. Asimismo, las inquilinas no pudieron interponer una reclamación en ese mismo momento porque el técnico de la empresa no portaba consigo la obligatoria hoja de reclamaciones.Al final, las inquilinas tuvieron que acceder al pago de la mitad del servicio que ascendió a 332,75 euros con I.V.A., abonando la mitad cada una (esto es, 166 euros Dña. Esperanza Barragán y 166,75 euros Dña. Sandra Cortés). La otra mitad del pago, sería la propia empresa quien se pondría en contacto con la casera para reclamárselo.En atención a todo lo expuesto y remarcando el mal trato recibido por parte de la compañía y el precio totalmente abusivo y leonino que “libremente” imputan en sus tarifas sin acreditación ni justificación alguna, entablamos esta reclamación frente a la compañía Dopisan Obras y Reparaciones con el objeto de obtener una devolución de la cantidad de 332,75 euros que fue abonada, por ser manifiestamente abusiva y por los perjuicios causados.
