Contraté un servicio de alarma con Securitas Direct (Verisure) en octubre de 2023.
La contratación se realizó con firma digital, pero nunca recibí copia del contrato, ni en el momento de la firma ni posteriormente.
He buscado el contrato por todos los medios posibles y no lo tengo, pese a que lo he solicitado expresamente a la empresa, que se niega a entregarlo.
Tras cumplir 24 meses de servicio, solicité la baja por cambio de residencia fuera de España, lo que hace imposible la prestación del servicio. La baja se realizó de forma presencial, firmando un documento que se me presentó como cancelación definitiva del servicio.
Posteriormente descubrí que, en ese documento de baja, la asesora incluyó en letra manuscrita prácticamente ilegible una supuesta aceptación de dos meses adicionales, sin explicarlo, sin destacarlo, y sin que yo fuera consciente de ello.
En ningún momento se me informó verbalmente de que estaba aceptando meses adicionales ni una prórroga del contrato.
Ahora, tiempo después, la empresa me reclama una penalización, alegando una permanencia de 36 meses, contradiciendo la información que se me había dado durante toda la relación contractual, y sin aportar el contrato firmado ni un cálculo claro de la penalización.
La reclamación se está realizando por vía telefónica, generando presión para el pago, sin soporte documental.
Considero que esta actuación es:
• Falta grave de transparencia.
• Uso de documentos con condiciones ocultas o ilegibles.
• Abuso de la firma presencial en procesos de baja.
• Práctica comercial desleal y agresiva.
• Aplicación de cláusulas abusivas.
Comparto esta experiencia para alertar a otros consumidores y solicito la intervención de los organismos de consumo correspondientes.
