Por medio del presente escrito, interpongo reclamación formal en relación con la factura por importe de 7,86 €, en concepto de “gastos de envío renovación dispositivo”.
Con fecha 15 de septiembre de 2025, recibí una comunicación oficial de Bip&Drive en la que se informaba de la sustitución de mi dispositivo Via-T, indicándose de forma literal que “este nuevo dispositivo es totalmente gratuito para usted”. En ningún momento se mencionó la existencia de gastos de envío ni de ningún otro concepto susceptible de facturación. De haber sido informado previamente del coste del envío, habría rechazado el nuevo dispositivo, dado que no he hecho uso del servicio desde la instalación del dispositivo anterior, por lo que el cobro es improcedente.
El correo enviado por Bip&Drive no ofrecía ninguna opción para rechazar el envío ni para negarse al cobro de los gastos de envío. La única acción indicada era verificar la dirección, y se afirmaba que el dispositivo era ‘totalmente gratuito’. Por tanto, no se me brindó posibilidad alguna de consentimiento informado, lo que hace el cargo absolutamente improcedente.
En consecuencia, considero que el cargo efectuado carece de validez, al no haber mediado consentimiento expreso ni información previa suficiente, en contravención de lo dispuesto en los artículos 60, 96, 97 y 100 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Dicha norma obliga al empresario a informar con carácter previo y de forma clara, comprensible y veraz de cualquier gasto adicional, y establece expresamente que, si el consumidor no ha dado su consentimiento expreso a un pago adicional, tiene derecho a su reembolso.
Por todo lo anterior, solicito la anulación del importe de 7,86 €, el cual está siendo reclamado sin información previa ni consentimiento por mi parte.
Manifiesto expresamente que no reconozco la legitimidad del cargo facturado ni me encuentro obligado a su pago. Cualquier intento de reclamación, requerimiento de pago o inclusión de este importe en registros de morosidad será considerado práctica abusiva y susceptible de impugnación ante los tribunales, autoridades de consumo y organismos reguladores, reservándome el derecho a ejercitar cuantas acciones legales sean necesarias para la defensa de mis derechos como consumidor.
