BIP & DRIVE

Bip&Drive me ha cobrado 6,05 € (5€+IVA) en la factura de enero (CI0013034735-1225) en concepto de gastos de gestión de recobro, a raíz de una factura de diciembre (CI0012840220-1125) de solo 7,89 € (+IVA) que no pudo cobrarse inicialmente por algún problema desconocido con el método de pago. En cuanto recibí la notificación por correo electrónico, accedí al enlace facilitado y pagué la factura de manera inmediata con tarjeta, sin retraso ni necesidad de gestiones adicionales por parte de la empresa. A pesar de ello, se me ha aplicado un cargo automático por “gestión de recobro” que considero improcedente y desproporcionado, ya que: El pago se realizó de forma inmediata tras la notificación. No hubo ninguna gestión real de recobro (llamadas, cartas, intermediarios, etc.). El importe original era mínimo y no generó costes justificables. Solicito la devolución de los 6,05 € cobrados indebidamente. Además, he escrito a Bip&Drive en numerosas ocasiones y ha sido imposible contactar con ellos, por lo que me veo obligado a gestionar este problema de manera pública y a través de la OCU.

Bip&Drive me ha cobrado 6,05 € en la factura de diciembre (CI0013036856-1225) en concepto de gastos de gestión de recobro, a raíz de una factura de noviembre (CI0012842406-1125) de solo 1,55 € que no pudo cobrarse inicialmente por falta de saldo en la cuenta. En cuanto recibí la notificación por correo electrónico, accedí al enlace facilitado y pagué la factura de manera inmediata con tarjeta, sin retraso ni necesidad de gestiones adicionales por parte de la empresa. A pesar de ello, se me ha aplicado un cargo automático por “gestión de recobro” que considero improcedente y desproporcionado, ya que: El pago se realizó de forma inmediata tras la notificación. No hubo ninguna gestión real de recobro (llamadas, cartas, intermediarios, etc.). El importe original era mínimo y no generó costes justificables. Solicito la devolución de los 6,05 € cobrados indebidamente

Soy usuario del servicio Bip&Drive y titular de un dispositivo Vía-T que no utilizo desde el año 2021. A principios de noviembre de 2025 recibí dos facturas (CI0012576565-1025 por 2,41 € y PT0000574705-1025 por 4,19 €) que incluían cargos por supuestos tránsitos en autopistas, a pesar de que el dispositivo se encuentra guardado en mi domicilio y no ha sido usado desde hace años. Tras contactar con el servicio de atención al cliente y enviar el contrato de compraventa de mi antiguo vehículo (vendido en mayo de 2025), Bip&Drive reconoció que la matrícula había sido desactivada y que no recibiría más cargos asociados. Sin embargo, a pesar de esa confirmación, me enviaron varios avisos de impago, advirtiendo que si no abonaba las facturas se aplicarían recargos y se desactivaría el dispositivo. Para evitar mayores incidencias, pagué ambas facturas el 14/11/2025, dejando constancia de que se trataba de cobros no reconocidos. Posteriormente, la empresa me solicitó un número de cuenta bancaria para realizar el reembolso, el cual facilité el 21/11/2025, pero hasta la fecha no he recibido el abono. Lejos de resolver la incidencia, el 30/11/2025 emitieron una nueva factura (CI0012775206-1125) por un total de 12,10 €, correspondiente a “cargos por gestión de recobro” sobre las dos facturas ya pagadas y cuya improcedencia estaba reconocida por ellos mismos. He mantenido varios intercambios de correos con el servicio de atención al cliente de Bip&Drive (entre el 7/11 y el 21/11), que constan documentados, sin que la empresa haya resuelto definitivamente el asunto ni reembolsado los importes. Solicito: La anulación inmediata de la factura CI0012775206-1125 (12,10 €). El reembolso íntegro de los 6,60 € abonados el 14/11/2025 por las facturas erróneas. La baja definitiva del dispositivo Vía-T y la supresión de todos mis datos personales vinculados, conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD). Confirmación por escrito de que no existe ningún saldo pendiente ni tratamiento de datos personales asociado a mi cuenta. Resumen del caso: El dispositivo no se usa desde 2021. Se generaron cargos indebidos en octubre de 2025. La empresa reconoció el error y desactivó la matrícula. Pagué las facturas solo para evitar sanciones. Aporté mi IBAN para el reembolso, que nunca se realizó. Recibo una nueva factura por gestión de recobro pese a todo lo anterior.

Presento esta reclamación contra la empresa Bip&Drive, E.D.E., S.A. por los hechos que expongo a continuación: El día 15/11/2025 a las 18:10 recibí un correo de la empresa informando de la sustitución de mi dispositivo Via-T, indicando expresamente que el mismo sería “totalmente gratuito para usted”. Aunque mi modalidad actual es Pago por Uso, el dispositivo inicial fue pagado íntegramente por mí en el momento de darme de alta, extremo que la empresa debería tener registrado. Posteriormente, se me comunica que en mi próxima factura se incluirá un cargo de 6,50 € + IVA, en concepto de gastos de envío, coste no informado previamente y contrario a la comunicación de gratuidad. Esta circunstancia constituye, a mi juicio, una vulneración del deber de información previa, pudiendo encajar en los supuestos de práctica comercial engañosa recogidos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Existen múltiples reclamaciones públicas de otros usuarios por hechos similares, lo que podría indicar una práctica generalizada y reiterada. Por todo ello, solicito: Que se requiera a Bip&Drive a anular el cargo anunciado, garantizar que no se incluirá en la próxima factura y respetar las condiciones informadas al consumidor. Que se analicen estos hechos como posible práctica comercial desleal, al advertirse contradicción entre la comunicación de gratuidad y el posterior anuncio de un cargo. Que quede registrada esta reclamación en el expediente correspondiente para estudio y seguimiento. Adjunto copia del email recibido donde se comunica la gratuidad del dispositivo. Atentamente, Laura García Arias

Por medio del presente escrito, interpongo reclamación formal en relación con la factura por importe de 7,86 €, en concepto de “gastos de envío renovación dispositivo”. Con fecha 15 de septiembre de 2025, recibí una comunicación oficial de Bip&Drive en la que se informaba de la sustitución de mi dispositivo Via-T, indicándose de forma literal que “este nuevo dispositivo es totalmente gratuito para usted”. En ningún momento se mencionó la existencia de gastos de envío ni de ningún otro concepto susceptible de facturación. De haber sido informado previamente del coste del envío, habría rechazado el nuevo dispositivo, dado que no he hecho uso del servicio desde la instalación del dispositivo anterior, por lo que el cobro es improcedente. El correo enviado por Bip&Drive no ofrecía ninguna opción para rechazar el envío ni para negarse al cobro de los gastos de envío. La única acción indicada era verificar la dirección, y se afirmaba que el dispositivo era ‘totalmente gratuito’. Por tanto, no se me brindó posibilidad alguna de consentimiento informado, lo que hace el cargo absolutamente improcedente. En consecuencia, considero que el cargo efectuado carece de validez, al no haber mediado consentimiento expreso ni información previa suficiente, en contravención de lo dispuesto en los artículos 60, 96, 97 y 100 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Dicha norma obliga al empresario a informar con carácter previo y de forma clara, comprensible y veraz de cualquier gasto adicional, y establece expresamente que, si el consumidor no ha dado su consentimiento expreso a un pago adicional, tiene derecho a su reembolso. Por todo lo anterior, solicito la anulación del importe de 7,86 €, el cual está siendo reclamado sin información previa ni consentimiento por mi parte. Manifiesto expresamente que no reconozco la legitimidad del cargo facturado ni me encuentro obligado a su pago. Cualquier intento de reclamación, requerimiento de pago o inclusión de este importe en registros de morosidad será considerado práctica abusiva y susceptible de impugnación ante los tribunales, autoridades de consumo y organismos reguladores, reservándome el derecho a ejercitar cuantas acciones legales sean necesarias para la defensa de mis derechos como consumidor.