Pleitear contra la Administración

Estar en desacuerdo con la Administración es bastante más común de lo que puede parecer. Imagina, por ejemplo, que Hacienda no admite una deducción que te has aplicado en el IRPF, el ayuntamiento no te da licencia para una reforma en casa por no ser compatible con la ordenanza municipal, te deniegan una beca de estudios o una subvención para el cambio de caldera de la comunidad de propietarios, un error médico en la sanidad pública nos deja graves secuelas… En estos casos, para defender nuestros derechos, tenemos que presentar una reclamación contra la Administración; lamentablemente es bastante frecuente que no admitan nuestra pretensión, o que ni siquiera nos contesten. Agotada la vía administrativa, el siguiente paso es iniciar la vía judicial en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Pero, antes de litigar con la Administración, conviene valorar detenidamente los costes y los posibles beneficios.

Los gastos de una reclamación contra la Administración son muy elevados:

• Es obligatorio ir acompañado de abogado y procurador. Y si quieres ganar, más vale que sea un buen abogado, con experiencia en la materia. Un procedimiento ordinario en primera instancia (sin recurrir) para reclamar 50.000 euros de indemnización cuesta unos 7.500 euros de abogado y 900 euros de procurador (IVA incluido).
• Al presentar la demanda hay que abonar las tasas judiciales, un importe nada desdeñable: 400 euros por reclamar en primera instancia una indemnización de 50.000 euros. Total: 8.800 euros es lo que gastarías por empezar a reclamar una indemnización de 50.000 euros (7.500 € de abogado, 900 € de procurador, más 400 € de tasas).
• En algunas comunidades autónomas, como en Cataluña, a estas tasas judiciales hay que sumar las suyas propias.
• Además, si se trata de un recurso, a las tasas se añaden los depósitos para recurrir: en 2014, son 50 euros si el recurso pone fin al proceso o 25 euros si puede continuar. Cuando el recurso se estima, estos depósitos se devuelven.
• En caso de que desestimen totalmente tu pretensión, tendrás que añadir la condena en costas (¡a la Administración nunca la condenan!).

La falta de medios es, desde tiempos atrás, el principal motivo de la lentitud de los procesos judiciales. Lejos de mejorar, en los últimos años los procesos contencioso-administrativos se han prolongado. En 2012 los procesos duraban de media:

• 13, 6 meses en los juzgados de lo contencioso-administrativo.
• 24,6 meses en los Tribunales Superiores de Justicia.
• 19,9 meses en la Audiencia Nacional.
• 16,5 meses en el Tribunal Supremo.

En algunas comunidades autónomas los procesos son interminables: no es raro que una demanda en primera instancia tarde en resolverse de 2,5 a 3 años y un recurso de casación... ¡hasta diez años!

Y cuando, por fin, ya tenemos la sentencia que nos da la razón, nos encontramos con otro muro: la ejecución de la sentencia. La Administración no paga porque no tiene partida presupuestaria. Y tampoco se la puede embargar... Solo en el caso de que sea mucho lo que está en juego podría interesar seguir pagando a un abogado para que continúe defendiendo tus derechos. 

• Para pleitear contra la Administración, contrata un abogado con experiencia y especializado en la materia de que se trate (tráfico, urbanismo, etc.). Ten en cuenta que tendrá que enfrentarse a letrados muy preparados, como los abogados del Estado. Negocia de antemano los honorarios con tu abogado los honorarios, mejor en forma de cuota litis (el porcentaje que se llevará si ganáis).
• Si tienes un seguro de asistencia jurídica, es probable que cubra los gastos del proceso en todo o en parte. Consulta a tu aseguradora.