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Iberdrola sube tarifas a cuenta del bono social

Nuevo sistema de financiación del bono social

La financiación del bono social eléctrico ha cambiado el pasado abril: ahora, todas las empresas del sector (distribuidoras, productoras y comercializadoras) deben contribuir  a costearlo. Iberdrola se ha apresurado a trasladar este coste a sus clientes sin avisarlo, de forma unilateral y sin haber descontado antes, que sepamos, lo que cobraba según el método de financiación antiguo. OCU denuncia que se use el bono social como excusa para añadir confusión y enmascarar subidas en las facturas.  

16 junio 2022
bono social Iberdrola sube tarifas

El bono social eléctrico estrena un nuevo sistema de financiación... y ya son tres. Una sentencia del Tribunal Supremo ha declarado que no se puede aplicar el modelo de financiación vigente desde 2016, que hacía recaer el coste del bono social sobre las compañías comercializadoras de energía. A partir de abril de 2022, todas las empresas del sector (distribuidoras, comercializadoras, empresas generadoras…) contribuyen a su financiación.

Las reacciones no se han hecho esperar y compañías como Iberdrola se han apresurado a trasladar directamente ese coste a sus clientes. 

Iberdrola cobra la financiación del bono social

Los clientes de Iberdrola han visto aparecer un nuevo concepto en sus facturas: Financiación Bono Social. Además de pagar por la potencia contratada y los kWh consumidos, se paga un importe “diario” por financiar el bono social, lo que ha supuesto un incremento en las tarifas de 0,03 euros al día, es decir 11,15 euros al año más impuestos. 

Este concepto ya existía en las facturas de otras comercializadoras como Holaluz, Lucera, Gana Energía o Som Energía, que hacían así visible el coste que para ellas tenían las ayudas del bono social, mientras que la mayoría optaron por integrarlo en sus tarifas como cualquier otro coste, sin desglosarlo.  

bono social en factura

¿Puede Iberdrola aplicarme ese recargo sin avisar? 

Iberdrola integraba hasta ahora ese coste en sus tarifas, pero con el nuevo modelo de financiación del bono social ha decidido reflejarlo por separado en su factura.

Lo ha considerado como un nuevo coste regulado que se puede trasladar directamente al cliente sin que suponga un cambio en las condiciones generales de contratación, como tal no necesita advertirlo al cliente y por lo tanto, lo aplica sin ningún preaviso. Pero en OCU no estamos de acuerdo con esta interpretación: si las comercializadoras, para poder asumir el coste de la financiación del bono social, ven necesario trasladar el importe a sus clientes, deberían actualizar sus tarifas y comunicarlas con la antelación y transparencia prevista en la normativa a sus clientes.

Además, Iberdrola olvida que el nuevo modelo de financiación ha reemplazado al modelo antiguo, lo que implica un ahorro de costes que debería haber sido trasladado a la tarifa de sus clientes exactamente con la misma justificación que han usado para añadir el nuevo concepto.

Para OCU, no está justificado que una compañía como Iberdrola considere este nuevo coste como un cambio “regulado” que se puede aplicar sin más y, en cambio, no descuente la rebaja de costes con la anulación del modelo anterior.

Los consumidores exigimos transparencia

Los contratos de muchas comercializadoras se han ido blindando contra posibles cambios en las normas añadiendo cada vez más circunstancias que pueden repercutir al cliente sin que sea considerado una modificación del contrato, algo que no nos parece aceptable. OCU considera que el nuevo modelo de financiación del bono social no puede ser la excusa para complicar más la factura de los consumidores y para hacer menos transparente su comunicación.

Bono social: 3 modelos de financiación en 8 años

El bono social eléctrico es una medida de apoyo y solidaridad con los hogares con menos recursos, a los que se vende la energía eléctrica a precios muy rebajados. Desde el principio se consideró que esas ayudas debían sufragarse dentro del propio mercado eléctrico, recayendo en las compañías que intervienen en él. Los importes que se recaudan van a parar a las comercializadoras reguladas que aplican los descuentos: de esta forma, se compensa su pérdida de ingresos. Los detalles de ese método de financiación siempre han sido controvertidos, como prueban los sucesivos recursos que han presentado las compañías y que han provocado ya tres cambios de sistema en 8 años:

  • Desde 2014 hasta 2016 fueron las compañías integradas verticalmente, es decir, las que además de comercializar la energía, también la producen y la distribuyen (Iberdrola, Naturgy, Endesa…) las que asumieron ese coste. Presentaron recursos y lograron que el mecanismo se declarara inconstitucional, por lo que fue necesario devolverles los importes que habían costeado y cambiar el sistema.
  • Desde 2016 hasta 2022, solo las comercializadoras (todas ellas, también las que no producen) tuvieron que asumir ese coste en función de los clientes que tenían. Esto perjudicaba, sobre todo, a las comercializadoras enfocadas a los clientes domésticos, pues tenían muchos contratos, pero de suministros pequeños. En cambio, beneficiaba a las que trabajan con grandes clientes. Una vez más, algunas comercializadoras presentaron recurso contra ese modelo y fue admitido, con lo que ahora ese modelo de financiación no puede aplicarse porque las discrimina. Se hacía necesario, por tanto, un nuevo modelo de financiación.
  • Desde abril de 2022 el coste del bono social se debe pagar entre todos los actores del sector eléctrico (generación, transporte distribución y compañías comercializadoras). En el caso concreto de las comercializadoras, su importe debe ser abonado en función del número de clientes de la compañía. La CNMC ha fijado ya lo que debe pagar cada compañía. Para las comercializadoras, el coste será de 11,4679 euros al año por cliente, lo que supondría casi 1 euro más en las facturas mensuales. Sin embargo, de ahí habrá que descontar lo que estuvieran cobrando anteriormente por esta financiación. 

El coste del bono social, aunque ahora se reparte entre más agentes, ha sufrido además un fuerte incremento por las medidas especiales para paliar la crisis energética: el descuento del bono social ha aumentado del 25% y 40% al 60 y 70% respectivamente, además de que se han modificado los requisitos de acceso para que más hogares se puedan beneficiar de él.