Xiaomi España se niega a hacerse cargo de la garantía de unos Redmi Buds 5 Pro defectuosos, alegando 'acuerdos comerciales' que no son oponibles al consumidor.
Ante la falta de respuesta del vendedor, la ley española (Art. 124 LGDCU) obliga al fabricante a responder, pero Xiaomi prefiere ignorar sus obligaciones legales.
El caso ya está denunciado ante la Dirección General de Consumo (Registro: 202699902141354). Es vergonzoso que una marca de este nivel obligue al usuario a acudir a la vía administrativa para algo tan básico como un defecto de batería en garantía.
