Estimados/as señores/as:
Me pongo en contacto con ustedes para informar que el pasado 9 de noviembre de 2025 se realizó en mi cuenta un cargo de 59,99 € correspondiente a la renovación de una suscripción a su servicio, la cual no autoricé ni solicité de manera consciente.
Deseo manifestar que no recibí ninguna notificación previa, ya sea por correo electrónico u otro medio, que me advirtiera de dicha renovación automática. La única referencia a la misma figuraba en la sección de usuario dentro de la aplicación, apartado al que no suelo acceder con frecuencia, motivo por el cual desconocía la fecha de renovación.
Tras ponerme en contacto con el servicio de atención al cliente, se me comunicó que no procedía el reembolso, al alegarse que la renovación estaba activada por defecto. Sin embargo, considero que esta práctica vulnera los derechos de los consumidores y la normativa vigente en materia de contratación y consentimiento informado.
Concretamente, me amparo en lo dispuesto en:
Ley 3/2014, de 27 de marzo, que modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007), en su artículo 97.1, letra l), relativo a la obligación de informar claramente al consumidor y obtener su consentimiento expreso antes de efectuar cargos periódicos.
Los artículos 102 y siguientes del mismo texto legal, que regulan el derecho de desistimiento y prohíben expresamente el cobro de servicios no aceptados de forma explícita.
El artículo 1.255 del Código Civil, que establece que las condiciones contractuales deben ser aceptadas libremente por ambas partes, sin imposiciones unilaterales.
Dado que me encuentro dentro del plazo legal de 14 días previsto para ejercer mi derecho de desistimiento, solicito la devolución inmediata e íntegra del importe cobrado, así como la anulación definitiva de cualquier renovación automática asociada a mi cuenta.
En caso de no recibir una respuesta favorable en un plazo razonable, me reservo el derecho de presentar la correspondiente reclamación ante las autoridades competentes en materia de consumo y protección de datos.
