Una asesora comercial me ofreció, supuestamente, un grado universitario, el cual contraté tras confirmar ella en varias ocasiones, durante la llamada telefónica, que se trataba efectivamente de un grado universitario oficial. De haber sabido que esta información era completamente falsa y que en realidad solo recibiría un diploma sin ninguna validez oficial, jamás habría contratado el servicio, que ha supuesto un coste de 2.379,40€.
Al darme cuenta del engaño, presenté una reclamación tanto por teléfono como por correo electrónico. Sin embargo, se negaron a facilitarme la grabación de la conversación mantenida con la asesora, alegando que no están obligados a grabarla ni a proporcionármela. Según su versión, dicha conversación nunca fue grabada, a pesar de que recuerdo con claridad haber escuchado al inicio el aviso habitual de que la llamada sería grabada por motivos de calidad y protección de datos.
Tras numerosos intercambios de correos, finalmente recibí una respuesta por escrito en la que, textualmente, se me comunicó lo siguiente:
"Sintiéndolo mucho no es posible enviarte la grabación que nos solicitas. Puedes tomar las medidas que consideres oportunas, si así lo deseas."
Ante esta situación, me veo en la obligación de denunciar sus prácticas de publicidad desleal ante las autoridades de Consumo, en virtud de mis derechos como persona consumidora.
