Fui a la clínica Impress el 3 de marzo de 2026.
En esa primera visita, me realizaron una radiografía y un escaneo completo de la boca. Posteriormente, fui atendido por el ortodoncista, quien tras analizar las pruebas me indicó de forma clara que, para que el tratamiento de ortodoncia invisible fuera viable, era necesario realizar la extracción de dos piezas dentales.
Una vez finalizada la consulta médica, pasó a atenderme una asesora comercial. Esta persona me explicó la parte administrativa del tratamiento, incluyendo el funcionamiento de los alineadores, la duración estimada, el proceso y las condiciones de financiación. Tras esta explicación, me solicitó que procediera a la firma del contrato.
En ese momento, le indiqué claramente que no iba a firmar aún, ya que primero debía realizar las extracciones indicadas por el ortodoncista. Asimismo, le pedí el informe médico para poder realizar dichas extracciones con mi odontóloga de confianza y, una vez finalizado ese proceso, volver a la clínica para firmar el contrato e iniciar el tratamiento.
Fue en ese preciso momento cuando la actitud de la asesora cambió de forma evidente. Mostró nerviosismo e insistió en que firmara en ese mismo instante. Acto seguido, me aseguró de forma tajante que las extracciones no eran necesarias, contradiciendo directamente lo indicado por el ortodoncista minutos antes.
Esta afirmación fue determinante para mi decisión. Confiando en esa información, accedí a firmar el contrato y a formalizar una financiación vinculada al tratamiento por importe de 4.270 euros.
Sin embargo, aproximadamente una semana después, recibí un mensaje de WhatsApp de la clínica indicándome que debía proceder con la extracción de las piezas dentales, confirmando así que la información facilitada en el momento de la firma era falsa o gravemente contradictoria.
Es evidente que fui inducido a error de forma directa para que firmara tanto el contrato como la financiación. De haber recibido información veraz, nunca habría firmado. Esto constituye un claro vicio de consentimiento, lo que implica la nulidad del contrato principal y, en consecuencia, de la financiación vinculada.
Desde entonces:
* He intentado contactar en múltiples ocasiones con la asesora sin éxito.
* La clínica me ha informado posteriormente de que ya no trabaja allí.
* He presentado reclamaciones por teléfono y correo electrónico que han sido ignoradas o rechazadas sin abordar el engaño.
A pesar de todo lo anterior, la empresa se niega a devolver el importe alegando que se trata de un servicio personalizado y que no existe derecho de desistimiento. Esta postura es incorrecta, ya que mi reclamación no es un desistimiento, sino una nulidad por haber sido inducido a error en el momento de la contratación.
NO ESTOY SOLICITANDO NINGÚN DESISTIMIENTO.
ME HAN ENGAÑADO DELIBERADAMENTE PARA QUE YO FIRMARA EL CONTRATO.
La empresa sigue insistiendo que me han prestado el servicio. Que caradura, señores! ¿Pretenden hacer la gente creerse que una radiografía y un escaneo justifica la personalización del producto?
¡Que desonestos!
De todo modo, eso no es un desistimiento, es un contrato NULO.
