Por la presente, interpongo una reclamación formal contra el centro de formación ILERNA debido a la negligencia en la gestión de mis prácticas obligatorias (FCT), requisito indispensable para finalizar mi titulación.
Cronología del incumplimiento: El 28 de febrero de 2024 entregué toda la documentación necesaria para realizar las prácticas. El 8 de abril de 2024, el centro la validó y mi expediente pasó a la fase de "Asignación de empresa". Desde entonces, ha transcurrido un tiempo excesivo sin recibir ni una sola propuesta de prácticas por parte del centro.
Propuestas improcedentes y falta de alternativas: En abril de 2025, tras un año de espera, la única opción planteada fue realizar las prácticas a través de una entidad externa con un pago adicional de entre 250 € y 300 €. En su momento rechacé esta opción, ya que para cursar estos estudios he tenido que abonar una cantidad que para mí es muy elevada y me supuso un gran esfuerzo económico pagar. Considero inaceptable que, tras ese sacrificio, se me exijan pagos extra para recibir un servicio que ya debería estar incluido.
Situación de vulnerabilidad actual: Debido a la entrada en vigor del Real Decreto 3/2022 (Nueva Ley de FP) y al riesgo inminente de quedar fuera de la titulación por la extinción de mi plan de estudios, me encuentro en una situación de indefensión absoluta. Tal es la urgencia y la falta de soluciones por parte de ILERNA, que he llegado a comunicarles formalmente mi disposición a asumir un pago extra por las prácticas en este momento, únicamente para evitar la pérdida total de mis estudios y del capital ya invertido.
Perjuicio académico: Tengo todas las asignaturas teóricas aprobadas. La demora de casi dos años es imputable únicamente a la mala gestión del centro.
Solicitud:
Solicito la mediación de la OCU para que ILERNA proceda de manera inmediata a:
La asignación de un centro de prácticas de forma urgente para el presente periodo.
La formalización de mi expediente para garantizar que no perderé mi titulación debido a los plazos de la nueva Ley de FP.
El cumplimiento íntegro del servicio por el que pagué, sin que la falta de diligencia del centro suponga un perjuicio irreparable a mi futuro académico y profesional.