En una llamada comercial, un agente de Repsol me ofreció y aseguró expresamente una **tarifa de electricidad de 0,11 € fijos las 24 horas**, condición que acepté. Esta información puede comprobarse en la grabación de la llamada. Sin embargo, posteriormente se formalizó un contrato con condiciones distintas a las ofrecidas verbalmente, sin que yo fuera informada de forma clara y transparente.
Durante dicha llamada se me instó a firmar el contrato con rapidez, sin darme tiempo suficiente para revisarlo y bajo presión, lo que impidió detectar en ese momento que la tarifa aplicada no coincidía con la ofertada.
Como consecuencia de este error, comencé a recibir facturas con importes elevados e injustificados, lo que me llevó incluso a **abonar 11 € por una reducción de potencia**, creyendo erróneamente que ese era el motivo del aumento del gasto. Posteriormente comprobé que el problema real era la **aplicación de una tarifa superior a la contratada verbalmente**.
Intenté contactar con Repsol en varias ocasiones para aclarar la situación, sin obtener respuesta durante varios días. Cuando finalmente fui atendida, se me ofrecieron nuevas tarifas que seguían siendo superiores a los **0,11 € que debían haberse aplicado desde el inicio**.
Como ejemplo del perjuicio sufrido, he recibido una factura correspondiente al periodo **22/12 al 08/01** por un importe superior a **40 €**, a pesar de que:
* Vivo sola y tengo un consumo muy reducido.
* Apenas estuve en el domicilio durante ese periodo.
Por todo lo anterior, **solicito**:
1. La **devolución de todas las cantidades cobradas de más** como consecuencia de la incorrecta aplicación de la tarifa.
2. La **devolución de los 11 € abonados por el cambio de potencia**, realizado exclusivamente debido al error en la contratación.
3. La **revisión de la grabación de la llamada comercial** y la corrección de las prácticas descritas.
Ante la falta de una solución satisfactoria por parte de la empresa, he procedido a cambiar de comercializadora y recurro a la OCU para la defensa de mis derechos como consumidora.