El 10 de diciembre llamé a Prosegur para solicitar la baja de la alarma de mi negocio por cierre definitivo del local el día 31 de diciembre.
La persona del departamento de fidelización me pidió el teléfono del propietario del local para intentar continuar el servicio.
Me negué a facilitar ese dato, y a partir de ahí comenzó la presión.
Se me indicó que debía avisar con un mínimo de 30 días para que vinieran a retirar la alarma.
Les expliqué que yo debo entregar las llaves del local, por lo que necesito que retiren el equipo antes de esa fecha.
La respuesta fue literalmente que:
hasta que ellos no retiren la alarma, me la seguirán cobrando,
y que si no pueden retirarla, tendré que seguir pagándola igualmente.
Todo esto fue comunicado por la operadora con un tono claramente intimidante, aunque educado en las formas.
A día de hoy, 29 de diciembre, nadie ha venido a retirar la alarma, y sin embargo pretenden seguir facturando un servicio sobre un local que ya no será mío.
Esta forma de proceder es abusiva, desproporcionada y completamente ajena a un trato profesional.
Si esta situación no se resuelve de inmediato, la pondré en conocimiento de la OCU y de los organismos de consumo correspondientes.
Dejo constancia pública para que otras personas conozcan cómo se gestiona este tipo de situaciones con esta empresa.
