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Juicio oral contra VW por el Dieselgate

OCU lleva a Volkswagen a tribunales

El 17 de febrero OCU y el grupo Volkswagen se verán las caras ante la justicia: en juego, los intereses de los miles de usuarios afectados por el Dieselgate.

17 febrero 2020
caso VW

Hace más de 4 años OCU inició su batalla judicial contra el grupo Volkswagen en defensa de los consumidores afectados por el tristemente famoso Dieselgate.

Después de que se desestimara la denuncia en vía administrativa y de que todo el procedimiento penal se trasladara a Alemania, la vía civil que inició OCU es la única vía posible para que los afectados por el escándalo de las emisiones reciban las compensaciones a las que tienen derecho.

Pedimos lo que es justo

Tras recurrir a todo tipo de estrategias para dilatar el proceso, y después de un intento fallido de conciliación, por fin el pasado mes de octubre tuvo lugar la Audiencia previa del caso. En esa audiencia previa, el juez fijó la vista oral del caso Volkswagen para el día 17 de febrero.

Por fin OCU, que representa más de 7.500 usuarios y el Grupo Volkswagen se verán las caras en el juicio el próximo 17 de febrero de 2020

Pedimos para los afectados indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por el Dieselgate: unos 3.000 euros por afectado, más de 22 millones de euros en total.

Confiamos en que, como ya está sucediendo en otros países europeos, la justicia dé por fin la razón a los consumidores españoles, afectados directamente por la manipulación de lo motores del grupo VW y sus reiteradas mentiras sobre las emisiones.

Queremos reformas para mejorar las cosas

OCU ha denunciado la pasividad de las diferentes Administraciones Españolas que más de 4 años después aún no han sancionado a la empresa, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países: mientras la Agencia de Consumo Catalana archivaba las reclamaciones de los usuarios, las autoridades polacas imponían al grupo VW una multa de 28 millones de euros por las mismas infracciones.

  • OCU considera necesario endurecer las sanciones por infringir la normativa de protección de los consumidores.
  • También ve imprescindible que se reforme el proceso de acciones colectivas en defensa de los consumidores, de forma que se facilite a los consumidores la reclamación ante los fraudes masivos.

Queremos justicia. Unidos somos más fuertes.