Si tienes calefacción central, te esperan cambios
Aunque estaba previsto para 2017, el Real Decreto de Contadores Individuales sigue sin fecha de formalización. Esta normativa busca que los vecinos de los inmuebles con calefacción central paguen por la energía que consumen individualmente y no por su coeficiente de participación, favoreciendo un pago más justo y la eficiencia energética.
Las pautas para tarificar la energía que consumimos varían cada cierto tiempo y la consecuencia suele ser siempre la misma: la mayoría de los consumidores se pierde y no entiende qué le están cobrando. En el caso de las comunidades que funcionan con calefacción central, resulta bastante injusto que todos los propietarios paguen "a escote".
Por ello, el Parlamento y Consejo Europeo aprobaron en 2012 una directiva que está prevista que se ponga en marcha en nuestro país (Directiva 2012/27/UE) y que regulará técnica y económicamente la individualización de consumos de refrigeración y calefacción central.
La mayoría de los sistemas de calefacción central actuales derrochan energía y, además, no logran la temperatura requerida en todos los puntos de la vivienda. Con la individualización de consumos se pretende que los vecinos paguen por lo que realmente consumen, además de consumir lo que realmente necesitan.
Modificación de las instalaciones
Para que 1,7 millones de hogares españoles con calefacción central cumplan con esta normativa, será necesario que modifiquen sus instalaciones. La forma más sencilla de hacerlo es poner un contador a cada vecino, pero esto solo es técnicamente posible en las calefacciones dispuestas en anillo (el 40 % del total). En España hay más de un millón de viviendas cuyas instalaciones son más antiguas y están distribuidas en columna, con los radiadores de los distintos pisos unidos entre sí de arriba a abajo. Estos sistemas requieren la instalación de un aparato de medición en cada radiador y de una unidad que centralice las lecturas.
Sea cual sea el sistema empleado, deberá acompañarse de algún dispositivo que permita a los usuarios regular la temperatura de forma individual, para hacerse responsables de su consumo. En el caso de las instalaciones en anillo, se regulan con un único termostato y una válvula a la entrada de la vivienda. Si la instalación es en columna, hay que regular cada radiador por separado con una válvula termostática en su entrada. Estas válvulas pueden ser mecánicas o electrónicas e, incluso, estar dotadas con control remoto. Su precio oscila entre 15 y 40 euros dependiendo de cuál de estas tecnologías se utilice.
Si bien es cierto que cada vecino podría ajustar la temperatura de su casa abriendo y cerrando las válvulas, la presión del agua en las tuberías de muchas de las comunidades reformadas sufriría frecuentes variaciones y muchas de las instalaciones actuales no están listas para funcionar de esta manera, ya que las bombas que hacen circular el agua son de velocidad fija y mantienen un caudal constante. Por ello, en esos casos habría que cambiar esas bombas por otras de velocidad variable, que hicieran subir más o menos cantidad de agua según la demanda de los vecinos. Asimismo, consumen entre 3 y 8 veces menos energía y disminuyen la generación de ruido. Otra cosa que también se recomienda es volver a equilibrar el circuito hidráulico.
¿Cuánto cuesta todo esto?
Todos estos aparatos tienen un coste elevado. La instalación de los repartidores de costes (o el calorímetro) y las válvulas termostáticas, junto con la derrama por adaptar las instalaciones comunes, supone un desembolso de entre 700 y 1.100 euros por vivienda. Este gasto equivale a un año de calefacción para un piso antiguo en una zona bastante fría.
La única buena noticia es que, si todo se hace bien y si los hábitos de uso mejoran, con este cambio se puede ahorrar entre un 20 % y un 30 % de la energía que antes se consumía. En principio, la inversión quedaría amortizada en unos 5 años.
¿Comprar o alquilar?
Para no tener que afrontar estos costes, se pueden alquilar los equipos a una empresa especializada, que suelen cobrar entre 6 y 7 euros al año por cada radiador, incluidos los costes de lectura y facturación. La ventaja de alquilar es que se evita el desembolso inicial, pero a la larga no es una opción interesante. En los 10 años de vida estimada que tiene la pila de un repartidor de costes, el alquiler de cada dispositivo habrá costado 66 euros frente a unos 25 euros que supone comprarlo.
La adaptación a la normativa debe acordarse en una junta de propietarios. Al tratarse de una medida de eficiencia energética, requiere el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios, que tendrán que decidir qué sistema usan y con qué empresa lo contratan. Habitualmente, el administrador o el presidente de la comunidad se encarga de procesar los repartos que le remite la empresa de gestión energética para emitir las facturas de cada vecino, lo que suele suponer un aumento de su trabajo.