Consumo colaborativo: ¿colaboración o negocio?

Para unos, el consumo colaborativo es una poderosa herramienta de transformación social, para otros solo una amenaza que introduce competencia desleal y distorsiona el mercado de trabajo. Lo que parece claro es que se trata de una nueva forma de entender el consumo. Conscientes de su relevancia y de lo poco que todavía sabemos de él, OCU y las organizaciones de Bélgica, Italia y Portugal pusieron en marcha a principios de 2015 una extensa investigación. Los resultados hablan de utilidad y eficiencia, pero también reflejan que son necesarias mejoras desde el punto de vista legal y de protección a los consumidores, lo que nos impulsa a realizar 10 peticiones a las autoridades y 10 a las plataformas. 

4 preguntas sobre las plataformas de consumo colaborativo

Partiendo de la definición de consumo colaborativo como las actividades de consumo que tienen lugar entre particulares, a través de relaciones de consumo simétricas, se identificaron 70 webs de 55 plataformas diferentes que operan en los 4 países y que son una buena muestra de sectores como el alquiler de alojamientos P2P, el carpooling, el crowdfunding, o los huertos urbanos. El estudio incluyó una encuesta con más de 8.670 respuestas, una evaluación legal y social de las plataformas y un cuestionario a las plataformas para medir obtener información sobre su funcionamiento. Con ello nos proponíamos responder a varias preguntas:

• ¿El consumo colaborativo P2P es útil y seguro para los consumidores?
• ¿Qué responsabilidades legales tienen las plataformas y los usuarios?
• ¿Son actividades que producen los supuestos impactos beneficiosos a nivel económico, social y medioambiental que se les atribuyen?
• Y, por último, ¿consiguen las plataformas un verdadero cambio de paradigma económico creando interacciones entre los usuarios basadas en la colaboración y la confianza?

Y algunas respuestas:  son útiles y seguras, pero mejorables

En primer lugar, los usuarios tienen claro que el consumo colaborativo crea valor para ellos, es útil y responde a sus expectativas. Los pocos conflictos que mencionan los encuestados confirman la idea de que en general es un entorno seguro.

Por otro lado, el estudio legal pone de manifiesto que convendría definir mejor la responsabilidad de las plataformas respecto a las transacciones que se cierran a través de ellas, mejorar la información (como mínimo, siempre en el idioma local), conseguir que la distinción entre proveedores profesionales y particulares resulte clara para los usuarios, pues de ello depende que se apliquen las leyes de protección al consumidor, y mejorar los sistemas de resolución de conflictos, aplicando la legislación del país donde se encuentre el usuario.

Solo una de cada tres plataformas respondió al cuestionario para medir su impacto económico, social y medioambiental y ninguna aportó datos fiscales: la transparencia escasea. Lo que sí queda claro es que son eficientes, pues manejan numerosas transacciones con pocos recursos.

El estudio del diseño social de las plataformas revela que existen al menos tres orientaciones distintas, según el propósito principal de cada plataforma:

• 46% de las plataformas (55% de las 21 operan en España) están orientadas a la conexión de usuarios en redes de relaciones basadas en intereses comunes y en su reputación virtual, entre ellas: Airbnb, BlaBlacar, Eatwith, Etecé, Socialcar…
• 28% de las plataformas (35% de las españolas) están orientadas a la transacción: su objetivo es facilitar intercambios prácticos entre sus usuarios, entre ellas: Segundamano, Homeaway, Amovens, Creciclando…
• 26% de las plataformas (10% de las españolas) estudiadas están orientadas a la comunidad y se plantean objetivos como mejorar la cohesión social o promover hábitos de consumo sostenibles. En este grupo en España destacan Huertos Compartidos y La Colmena que dice Sí.

 En definitiva, todos estos modelos son útiles para los usuarios, pero solo una pequeña parte de las plataformas se plantea como misión la mejora social de la comunidad.