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Horarios comerciales: mejora positiva, pero insuficiente

03 julio 2012

03 julio 2012

La ampliación es una buena noticia… aunque según la OCU, claramente insuficiente. Para muchos consumidores, es una necesidad cada vez mayor disponer de libertad para realizar sus compras. Esta medida pone de manifiesto que, pese a sus buenas intenciones, el Gobierno parece incapaz de resolver el problema de la apertura del comercio en España.

El Consejo de Ministros aprobará hoy la ampliación del número mínimo de festivos en los que podrán abrir todos los establecimientos comerciales. En este sentido se amplia de 8 a 10, lo que a juicio de la OCU es un paso insuficiente.

Una ampliación insuficiente

Actualmente la mayoría de Comunidades Autónomas opta por el mínimo de aperturas, es decir solo 8 festivos al año. En la práctica, con la medida que presenta y aprueba hoy el Gobierno, en la práctica los consumidores solo van a disponer de dos días festivos más al año para poder hacer sus compras.

Madrid, la excepción

Tan solo la Comunidad de Madrid supone una excepción a esta regla. De hecho este domingo día 15 entra en vigor la Ley de Dinamización comercial con la que se da libertad a todos los establecimientos de la comunidad madrileña de abrir las 24 horas del día durante los 365 días del año. A juicio de la OCU esto supondrá una real dinamización de la economía regional.

La OCU, por la libertad

La OCU quiere recordar que una norma que permita la apertura en festivos no implica obligación de abrir para ningún establecimiento, sino que tan solo les otorga esa posibilidad.

Lógicamente, cada establecimiento decidirá, según su política comercial y valorando si le es rentable, lo que sea más adecuado en su cado. Del mismo modo, el consumidor que quiera, tendrá la posibilidad de comprar en un horario más amplio, pero nunca la obligación.

Son muchos los consumidores para los cuales es una necesidad cada vez mayor disponer de flexibilidad y amplitud de horarios comerciales y de servicios. Además, con la actual recesión económica actual llama la atención de la OCU que los poderes públicos puedan prohibir un acto de libertad tan simple como el que un comerciante abra sus puertas para que un ciudadano pueda comprar sus productos.


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