En fechas comprendidas entre el 21 y el 24 de diciembre de 2025 se produjeron una serie de cargos no autorizados en mi cuenta bancaria asociada a Banco Santander, S.A., por un importe total aproximado de 3.348,34 €.
Dichas operaciones no fueron realizadas ni autorizadas por mí. En el momento de los hechos, yo no me encontraba en la ciudad donde constan realizadas varias de esas operaciones, existiendo discrepancias claras entre la localización de los cargos y mi ubicación real, circunstancia que puede acreditarse mediante la documentación correspondiente. Además, la entidad ha ofrecido explicaciones no coincidentes en relación con el dispositivo supuestamente utilizado, haciendo referencia a un terminal previamente sustraído en el año 2024, cuando en diciembre de 2025 yo ya disponía de un nuevo dispositivo.
Tras detectar los movimientos, actué de forma inmediata. Comuniqué la situación a Banco Santander, S.A., seguí las indicaciones recibidas e interpuse la correspondiente denuncia ante las autoridades, aportando la documentación disponible. Desde el primer momento he colaborado con la entidad, he facilitado la información requerida y he intentado resolver la incidencia por los cauces indicados.
Inicialmente, Banco Santander, S.A. realizó una devolución provisional de aproximadamente 2.459,35 €. Sin embargo, dicha cantidad fue posteriormente retirada de mi cuenta sin previo aviso suficiente, sin una explicación clara y sin una resolución motivada que justificara adecuadamente el cambio de criterio. Además, una cantidad adicional aproximada de 889 € no llegó a ser reintegrada, ni siquiera de manera provisional, pese a formar parte del mismo conjunto de operaciones no autorizadas.
He acudido en diversas ocasiones a mi sucursal habitual en la zona de Mirasierra, Madrid, donde se me ha indicado de forma reiterada que la gestión correspondía a otro departamento interno. Sin embargo, no se me ha ofrecido desde la oficina una solución efectiva, una explicación completa ni un seguimiento adecuado del expediente. Esta situación me ha obligado a repetir gestiones, solicitar información en varias ocasiones y mantener una incertidumbre prolongada sobre el estado real del caso.
También he presentado reclamación formal ante el servicio de atención al cliente de la entidad, sin haber obtenido hasta la fecha una respuesta satisfactoria ni una explicación coherente respecto a la retirada de la devolución provisional, la falta de reintegro de la cantidad restante y las discrepancias sobre el dispositivo utilizado. Asimismo, se me ha comunicado la posibilidad de asumir gastos derivados de la gestión del caso, algo que considero improcedente mientras no exista una resolución clara, motivada y suficientemente justificada.
Entiendo que, en materia de servicios de pago, ante operaciones no autorizadas, corresponde a la entidad bancaria acreditar que las operaciones fueron correctamente autenticadas, registradas y contabilizadas, así como que no existió incidencia técnica o de seguridad. En mi caso, no se me ha aportado una explicación suficientemente detallada que permita comprender por qué se rechaza la devolución definitiva de los importes, especialmente cuando inicialmente sí se efectuó una devolución provisional.
La actuación de la entidad me ha generado una situación de clara falta de seguridad y confianza, al haberse producido primero un abono provisional y después una retirada de fondos sin una comunicación previa adecuada ni una motivación comprensible. Esta forma de proceder me ha causado perjuicios económicos y personales, al verme privada de una cantidad relevante de dinero, tener que dedicar tiempo y esfuerzo a gestiones, reclamaciones y recopilación de documentación, y permanecer durante meses sin una solución clara.
Por todo lo anterior, solicito:
La devolución íntegra de las cantidades correspondientes a los cargos no autorizados, por importe total aproximado de 3.348,34 €.
La anulación de cualquier comisión, gasto o cargo adicional asociado a esta incidencia.
La revisión completa del expediente conforme a la normativa aplicable en materia de servicios de pago.
La emisión de una respuesta formal, motivada y por escrito, en la que se expliquen de forma clara las comprobaciones realizadas, los motivos de la decisión adoptada y el fundamento por el que se retiró la devolución provisional.
La valoración de los perjuicios ocasionados por la gestión del caso y por la falta de una solución adecuada.
Adjunto la documentación acreditativa disponible, incluyendo denuncia, extractos bancarios, comunicaciones mantenidas con la entidad y demás documentos relacionados con los hechos descritos.
