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Nueva norma sobre análisis comparativos: los consumidores dicen no

08 julio 2014

08 julio 2014

OCU denuncia que el Gobierno quiere limitar el derecho a la información de los consumidores, dificultando y limitando los estudios comparativos de alimentos. No quieren que nos enteremos, pero nosotros tenemos derecho a saber y elegir con conocimiento

El Gobierno sigue adelante con su Proyecto de Real Decreto para regular la realización de estudios, informes y análisis comparativos de alimentos. Esta propuesta de regulación de los estudios comparativos responde a las fuertes presiones de la industria alimentaria, que siempre se ha mostrado incomoda con los estudios y análisis comparativos realizados por OCU.

Sin embargo, estos estudios, independientes, objetivos y veraces, son el único contrapunto que tienen los consumidores a la publicidad que realiza la industria.

Un ataque a la libertad de información

Para OCU, la nueva normativa  tiene como objetivo dificultar que los consumidores cuenten con una información, independiente, objetiva y veraz. Además, es  mucho más exigente con  quien hace estudios comparativos de productos alimenticios que con quien los pone en el mercado o hace publicidad de ellos. Por ejemplo:

  • Establece que los test comparativos deben seguir los mismos requisitos que el control oficial de los alimentos.
  • Se pretende obligar  a quien hace estudios y análisis comparativos a revelar la identidad de los laboratorios con los que trabaja, cuando su anonimato es la única manera de evitar las fuertes presiones de la industria.

OCU lleva casi 40 años haciendo análisis comparativos, independientes, objetivos, rigurosos y veraces. Hasta ahora, todos los intentos de la industria para desacreditar nuestra labor han sido en vano. A menudo han sido los Tribunales de Justicia quienes han refrendado en repetidas ocasiones el trabajo de OCU: así lo han hecho recientemente.

Mordazas no, gracias

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) también considera que esta nueva normativa dificulta y limita la realización de los estudios comparativos y,  lo más importante, perjudica el derecho a la información. Por eso, las asociaciones de consumidores que integran este organismo, con OCU entre ellas, ha pedido al Gobierno que se modifique esta normativa para que no se obstaculice ni se impida en la práctica la realización de análisis comparativos que garanticen la información de los consumidores. 


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