Noticia

Las prótesis PIP llegan a los tribunales españoles

26 junio 2013

26 junio 2013

El escándalo de las prótesis mamarias PIP será investigado judicialmente en España, gracias a la querella de una asociación de afectadas. Pero, ¿cómo pudieron fallar todos los mecanismos de control de estas prótesis, cuyos fallos parecen haber sido un secreto a voces en el mundo sanitario?

En Francia, el escándalo PIP está visto para sentencia. En España, sin embargo, acaba de ponerse en tela de juicio.

La Audiencia Nacional ha visto indicios de delito contra la salud pública en la comercialización de las prótesis mamarias PIP y por fin ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Asociación Nacional de Afectadas por las prótesis PIP (ANAP).

¿Cómo pudo pasar?

Esto significa que se investigará cómo llegaron a implantarse durante tanto tiempo y de forma masiva estas prótesis de la fábrica francesa Poly Implant Prothèse, que contenían un gel industrial no autorizado para uso sanitario. Se determinará la responsabilidad que hayan podido tener los distintos agentes que han intervenido en la cadena que va desde la fabricación hasta la mesa de operaciones y las revisiones posteriores.

Las prótesis tenían altos índices de rotura y se iban declarando casos en los que la fuga de silicona contaminaba los ganglios linfáticos y hacía aparecer siliconomas en el organismo de las pacientes. Los profesionales sanitarios tenían que haber notificado estas anomalías y hacer que saltaran las alarmas mucho antes. Pero se perdió un tiempo precioso para tomar medidas, como nos explicaba la responsable de prensa de ANAP, en una entrevista que concedió a nuestra revista OCU Salud. De hecho, algunos profesionales dicen ahora que era un secreto a voces.

Otro motivo de denuncia por las afectadas es el incumplimiento por parte de Sanidad del protocolo de vigilancia de salud establecido a partir del escándalo PIP y las demoras para recibir tratamiento en los hospitales públicos.

Miles de afectadas por las PIP

Las prótesis defectuosas PIP han afectado a más de 500.000 personas en distintos países del mundo, entre ellas a 18.500 españolas, y han desvelado la falta de rigor de los controles realizados en la Unión Europea, así como la falta de mecanismos de compensación para las víctimas de productos sanitarios defectuosos o fraudulentos. Existe ahora la oportunidad de que una nueva directiva europea sobre productos sanitarios contribuya por fin a garantizar la seguridad y calidad de los productos sanitarios y dé seguridad jurídica a los usuarios.

En la OCU aplaudimos que el escándalo PIP se investigue por fin y que se trate de crear un marco en el que sea imposible que se produzcan hechos similares.


Imprimir Enviar por email
Exclusivo socios ocu

Este es un contenido reservado a socios

¿Eres socio? Identifícate para acceder

Soy socio

HAZTE SOCIO