EL PAÍS

Me suscribí a El País Digital en el año 2025 con una oferta anual de suscripción por 9,99€. Llevo días intentando dar la baja y es imposible, permitiéndole a la empresa eventualmente cobrar una renovación anual automática que supera los 100€. ES INACEPTABLE. El País Digital no ofrece cancelación online y el contacto telefónico es inoperante: he llamado más de 15 veces en distintos horarios y siempre se me indica que no hay operadores disponibles y se corta la llamada. La respuesta obtenida a mi solicitud de cancelación por correo electrónico (suscripciones@elpais.es) ha sido contestada con que la cancelación solo se puede hacer por teléfono 919495285. Teléfono al que no contestan. Estas prácticas mafiosas dificultan de forma injustificada el ejercicio del derecho de cancelación y podrían vulnerar la normativa de protección de consumidores (DSA y LGDCU). Solicito la intervención de la OCU para garantizar la baja efectiva y evitar cargos indebidos. El correo asociado a la suscripción es el que figura en número de cliente. EXIJO LA BAJA INMEDIATA DE MI SUSCRIPCIÓN

En verano de 2026 contraté una suscripción a El País Digital mediante una oferta promocional. No quiero seguir con la suscripción pero EL País no ofrece cancelación online y desde el contacto telefónico que ofrecen es imposible de cancelar (he llamado más de 30 veces en distintos horarios y siempre se me indica que no hay operadores disponibles y se corta la llamada). He enviado un correo de cancelación a suscripciones@elpais.es y me responden que la cancelación solo se puede hacer por teléfono 919495285. Teléfono al que es imposible obtener respuesta. Creo que esto responde a prácticas para engañar al suscriptor. Solicito la intervención de la OCU para garantizar la baja efectiva y evitar cargos indebidos.

Veo que como pensaba no soy el único, que al vencer mi subscripción de EL PAIS, le han cobrado 115€. En mí caso, reclamé por mail el dìa siguiente de ese cobro. Llamé ayer por teléfono y lejos de querer resolver el problema, me indican que yo lo firmé en su día (hace un año) y que no hay nada que hacer, tras insistir en mi enfado, me ofrecen 60€, sigo con mí disconformidad y luego me ofrecen 36€, insisto que que esta no es la solución que quiero y se termina la conversación. Devolveré el cargo de VISA, irá a disputas y veremos como acaba. La propia chica me indica que el año próximo será ilegal proceder así, y aún con ello, no resuelven y no me devuelven les 115€, regateando hasta los 36€, que tampoco acepté, una verguenza para una empresa como El PAIS. Indicar que me pasó lo mismo con EL MUNDO, y debo decir que lo resolvieron. No esperaba esto de EL PAIS, toda la vida leyendo ese periodico y hacen esto, regateando para cobrar algo que saben qué, será legal, aún, pero feo queda.

Buenas tardes: El día 27 de agosto de 2026 se me cobraron 115 euros por la renovación automática anual de mi suscripción digital a EL PAÍS, sin haber recibido previamente ningún correo, aviso o notificación sobre la renovación, su fecha o el importe que se cargaría. Ello incumple lo dispuesto en la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, que establece que, en los contratos de duración determinada sujetos a renovación, debe informarse al consumidor con quince días de antelación al vencimiento del plazo para comunicar su voluntad de no renovar, indicando dicho vencimiento y las consecuencias de no solicitar la cancelación. No recibí ninguna comunicación de este tipo. Además, la suscripción puede contratarse fácilmente por internet, pero en su página web no existe una opción directa para cancelarla, siendo necesario realizar una llamada telefónica, lo que dificulta injustificadamente la baja. Reclamo que: De conformidad con la Directiva 2011/83/UE, artículo 9, y con el Real Decreto Legislativo 1/2007, artículos 102 y 107, el consumidor dispone de un plazo de 14 días para desistir de los contratos celebrados a distancia, incluido un nuevo periodo contractual derivado de una renovación automática. Dicho desistimiento implica la cancelación del contrato y el reembolso íntegro de las cantidades abonadas. Por todo ello, solicito la cancelación inmediata de mi suscripción actual y la devolución íntegra de los 115 euros cobrados. Un saludo.

En agosto de 2025 contraté una suscripción digital anual de EL PAÍS por 9,90 €. En el correo de confirmación se indicaba que al año siguiente se renovaría automáticamente por 115 €, por lo que era conocedora de esta condición. El 20 de agosto de 2026 se realizó el cargo de 115 € sin que hubiera recibido un aviso específico previo de la renovación. Al intentar cancelar la suscripción, comprobé que no podía hacerlo online y tuve que llamar por teléfono. Durante la llamada, en lugar de limitarse a tramitar la baja, me ofrecieron sucesivamente distintas alternativas para continuar ante mi negativa a aceptarlas: primero una oferta vinculada a dos años de permanencia, después una suscripción por unos 80 € y finalmente una por 60 €, con devolución de los 115 € ya cobrados. Acepté esta última opción porque era la alternativa económicamente menos perjudicial y porque no sabía si, en caso de no aceptar, podría recuperar el cargo ya realizado de 115€.  No considero que el problema sea que la renovación estuviera incluida en las condiciones del contrato, sino la política comercial en su conjunto: una contratación extremadamente sencilla, una renovación automática por un importe más de once veces superior al precio promocional, ausencia de un aviso previo y una cancelación que requiere una llamada telefónica y se convierte en una negociación sucesiva de ofertas. Además, durante la llamada se me informó de que EL PAÍS está implementando sistemas de notificación previa de las renovaciones. He comprobado que existen numerosas reclamaciones públicas en OCU de consumidores que describen exactamente la misma situación. Por otra parte, me resultó llamativo que el cargo pudiera efectuarse sobre una tarjeta que ya había caducado y que llevaba todo ese año intentando eliminar de mi cuenta sin encontrar una opción para hacerlo.  No solicito ninguna devolución económica. Mi objetivo es dejar constancia de esta práctica y solicitar que OCU valore si, ante el elevado número de casos similares, debería trasladarse esta situación a EL PAÍS o a las autoridades de consumo para que se revise esta política comercial.