El día 30 de Octubre de 2026 me cobraron 119,89 euros por la renovación automática anual de mi suscripción digital a EL PAÍS.
En ningún momento previo al cobro recibí correo, aviso ni notificación alguna informando sobre la próxima renovación automática de mi suscripción, su fecha o el importe que se cargaría, incumpliendo frontalmente el deber de información previa establecido en la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, de servicios de atención a la clientela.
Asimismo, el día 29 de octubre de 2026, ante la imposibilidad de encontrar la opción de cancelación dentro de mi perfil de usuario en la web, envié un correo electrónico al servicio de atención al suscriptor (suscripciones@elpais.es) manifestando de forma clara mi voluntad de darme de baja y solicitando ayuda para tramitarla. A dicho correo me contestaron el día 30 indicándome que tenía que llamar a un teléfono para cancelar. Nada más recibir el email llamé a dicho teléfono y me comunicaron que ya se había cargado en la cuenta y que no se podía cancelar.
En resumen, pese a haber recibido mi solicitud de cancelación por escrito antes del cobro, el día 30 de octubre de 2026 ejecutaron en mi tarjeta de débito un cargo de 119,89 euros en concepto de renovación anual, ignorando por completo mi comunicación previa.
Al reclamar posteriormente la devolución del dinero, la empresa se ha negado a reembolsarlo amparándose en sus condiciones generales de contratación, ignorando que:
Omitieron su obligación legal de preaviso.
Cursé la solicitud de baja antes de que se ejecutara el pago en mi tarjeta.
Por todo lo expuesto, solicito la anulación definitiva de la suscripción digital y la devolución íntegra de los 119,89 euros cobrados de forma indebida.
