Me suscribí a la edición digital del periódico El País por internet, en su propia web, en apenas dos minutos. El correo de bienvenida de El País decía literalmente que la suscripción se gestionaba “desde tu perfil en la web”.
Cuando quise darme de baja, me pasé varios días entrando en elpais.com buscando cómo cancelar la suscripción, sin creerme que fuera imposible hacerlo online. Lo es: la sección “Mi suscripción” de El País no tiene ninguna opción para cancelar y solo remite a un teléfono.
Así que pedí la baja por escrito a suscripciones@elpais.es, antes de que me cobraran la renovación. El País me contestó tres veces lo mismo: que según el punto 9.2 de sus condiciones la baja solo se tramita llamando por teléfono. En su último correo llegan a decir que “cualquier solicitud de cancelación realizada por esta vía tendrá únicamente carácter informativo”. Mientras tanto, El País me cobró 119,89 € de renovación. Sobre la devolución, ni una palabra.
La ley es clara. El artículo 62.3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007) permite poner fin a una suscripción por el mismo medio por el que se contrató. El artículo 87.6 considera abusivas las cláusulas que ponen trabas a la baja, y el artículo 83 dice que son nulas. Si me di de alta online, tengo derecho a darme de baja online.
Pido a El País que tramite la baja con efectos desde mi primera solicitud por escrito, que me lo confirme por escrito y que me devuelva los 119,89 €. Ya he presentado también la hoja oficial de reclamaciones de la Junta de Andalucía.
Lo que más me decepciona es que esto venga del periódico El País, un medio que tantas veces ha defendido los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de las grandes empresas. Dejad que los lectores salgamos por la misma puerta por la que entramos.
