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Estimados/as señores/as:  Me pongo en contacto con ustedes para desestimar el contrato con albali La Empresa de Formación de nombre Albali Centro de Formación, se niega a darme de baja del (desistimiento) de un curso On line que inicia en octubre, el día 25-08-25 llamé para comunicarles que me retiren de si sistema de cobros, ya que se iso mi número de NIE para su matrícula yi compañero motivos personales y laborales no iva a continuar con el curso. , aun no recibo respuesta. Le digo a la financiadora con la que la empresa de formación trabaja si la empresa Albali no le ha informado que rescindí del curso de formación. Me están queriendo hacer pagar por un curso que ni siquiera yo estoy matriculado solo se iso mis datos para un compañero. Me comunicado mediante correo con la financiera y con albali y hasta el momento no ahí respuesta. SOLICITO El desistimiento del contrato y cobro de parte de albali y sequra. Sin otro particular, atentamente. J.A.

Hola, los contacto a ustedes por que una Empresa de Formación de nombre Albali Centro de Formación, se niega a darme de baja del (desistimiento) de un curso On line que contraté el día 23-07-2025. El día 24-07-25 llamé para comunicarles que por motivos personales rescindía del curso, basándome en una cláusula del contrato de Formación que dice: 8a. Desde la firma del contrato el alumno tiene 14 días naturales para su rescisión (artículo 102 al 108 rdl 1/2007). Una vez superado este período no podrá rescindirlo, salvo en los casos justificados de pérdida de capacidad mental, defunción o invalidez permanente del alumno. A pesar de haber ejercido mi derecho de desistimiento, aun no recibo respuesta de la solicitad en fecha arriba indicada. Le digo a la financiadora con la que la empresa de formación trabaja si la empresa Albali no le ha informado que rescindí del curso de formación el día 24-07-2025, ya eso no me corresponde.

Me pongo en contacto con ustedes porque una empresa de formación se niega a reembolsar el importe de un curso presencial que fue contratado recientemente. A pesar de haber ejercido mi derecho de desistimiento dentro del plazo legal de 14 días naturales, la entidad alega que no procede la devolución por haberme enviado un "certificado de matrícula", el cual ni firmé ni solicité, y que supuestamente invalida mi derecho como consumidor. Esta justificación carece totalmente de base legal. Conforme a los artículos 102 a 108 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU), el consumidor puede desistir sin necesidad de justificación, siempre que el servicio no se haya ejecutado ni se haya accedido al contenido digital. En este caso, el curso nunca fue utilizado ni el contenido accedido, y el certificado jamás fue empleado para trámite alguno. No ha existido consentimiento expreso ni firma electrónica válida, como exige la Ley 6/2020 de servicios electrónicos de confianza y el Reglamento eIDAS de la UE. La empresa insiste en aplicar cláusulas abusivas que pretenden anular el derecho de desistimiento basándose únicamente en el envío de claves o documentos, en clara infracción del artículo 65 del TRLGDCU, que declara nulas de pleno derecho aquellas cláusulas que contradigan los derechos del consumidor. Esta conducta también vulnera los artículos 60 y 80 de la misma ley, al no proporcionar información clara, accesible y transparente en el momento de la contratación. Han pasado ya más de 30 días naturales desde la presentación del desistimiento, sin que haya habido reembolso ni voluntad de solución, incumpliendo además el artículo 107.1 del TRLGDCU, que obliga a la devolución del importe en un plazo máximo de 14 días. Esta situación deja al consumidor indefenso frente a la resistencia sistemática de la empresa a respetar la normativa vigente. Llama profundamente la atención que, ante una reclamación clara, legal y documentada, la empresa haya actuado con desprecio y evasivas, dando la impresión de que pretende aprovecharse del desconocimiento legal de personas extranjeras, vulnerando así el principio de igualdad ante la ley. El artículo 14 de la Constitución Española garantiza que todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa. Las leyes de consumo son universales para todos los ciudadanos y residentes en España, sin distinción. Todo esto plantea una grave preocupación: ¿cuántos otros consumidores podrían estar siendo engañados o presionados con argumentos similares, renunciando a sus derechos por desconocimiento o desinformación? Este tipo de actuaciones no sólo son inadmisibles, sino que merecen la atención urgente de las autoridades competentes y de organizaciones defensoras del consumidor. SOLICITO que se valore esta reclamación con especial atención al posible uso reiterado de cláusulas abusivas por parte de la empresa, y que se actúe para proteger a los consumidores frente a prácticas comerciales que ignoran abiertamente la legalidad y se aprovechan de colectivos vulnerables.