COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER GRUPO NATURGY (ELECTRICIDAD)

Estimados/as señores/as: Soy titular de un contrato de suministro eléctrico, tarifa PVPC, referido a mi vivienda habitual. Al reunir los requisitos para ser calificado como consumidor vulnerable por ser familia numerosa, entre otros motivos, en fecha 20 de marzo de 2026 realicé en su oficina, de forma presencial, la solicitud del bono social, confirmando que la documentación requerida estaba correcta, con acuse de recibo. A fecha 10 de abril nos pusimos en contacto telefónico para conocer el estado de la solicitud porque se nos comunicó que teníamos que esperar 10 días. En ese momento nos transmiten la información de que la solicitud está RECHAZADA y el motivo es que se enviaron documentos de OTRO/A CLIENTE con otra casuística. Lo cual nos parece muy grave. Reclamamos se resuelva la situación y para ello enviamos un correo electrónico a bonosocial@comercializadoraregulada.es, que es donde se nos indica, con todos los documentos DE NUEVO. En esta llamada se nos CONFIRMA que se agilizará la solicitud y que pondrán una reclamación interna dejando constancia de la mala gestión por parte de la oficina y que recibiremos la bonificación con CARÁCTER RETROACTIVO. A fecha 20 de abril volvemos a llamar por teléfono y se nos indica que no sólo está DENEGADA por considerar el ministerio que el título de familia numerosa está ilegible, sino que la reclamación contra oficina no se ha realizado, ni tiene carácter retroactivo ni se ha agilizado la gestión de ninguna manera. De nuevo, no recibimos ninguna notificación por parte de la compañía, lo que nos parece inaceptable. Con lo cual reenviamos la documentación de nuevo, añadiendo el certificado oficial del título de familia numerosa. Para cualquier aclaración, revisen el registro de correos electrónicos con este asunto: Nº: I17-0001267728 (el cual era supuestamente el código de reclamación) SOLICITO compensen las facturas una vez emitido el bono social que legalmente nos corresponde y que, debido a la mala gestión se está retrasando, suponiendo una consecuencia económica de la cual no somos responsables y se nos reintegren las cantidades abonadas en exceso. Sin otro particular, atentamente.

Por medio del presente escrito, y a través de la OCU como organización de defensa del consumidor, formulo reclamación formal contra la comercializadora de suministro eléctrico por los hechos que se exponen a continuación. Hechos: Tras adquirir nuestra vivienda, contactamos con la compañía para valorar un ajuste de potencia contratada. Un agente de atención telefónica nos indicó expresamente que el pico máximo registrado era de 0,7 kW y que podíamos reducir la potencia a 2 kW "con total tranquilidad". Esta información resultó ser incorrecta: tras hacerse efectiva la bajada, se produjeron cortes de suministro inmediatos al utilizar electrodomésticos básicos como la cocina de inducción. Solicitamos de inmediato la restitución de la potencia original, pero la compañía tardó cerca de un mes en ejecutarla, superando ampliamente el plazo establecido por ellos mismos, a pesar de las múltiples llamadas realizadas. Durante ese tiempo, el suministro se interrumpió en repetidas ocasiones y sólo transcurrido casi un mes, la propia empresa aplicó una solución técnica que habría evitado los cortes desde el principio, lo que evidencia que disponía de alternativas que no ofreció. El acceso a la atención al cliente resultó especialmente dificultoso: el rearme remoto del contador no funcionó, y fue necesario identificarse como mayor de 65 años para que un operador atendiera la llamada. En ningún caso los operadores lograron restablecer el suministro de forma inmediata. Intentos previos de reclamación sin respuesta: En el momento se nos negó telefónicamente la posibilidad de presentar una reclamación o queja, alegando que debía haberse emitido el recibo del período en cuestión. Con carácter previo a esta reclamación, intentamos formalizar la queja a través de la página web de la compañía, sin poder completar el proceso. Asimismo, enviamos un correo electrónico a la dirección de atención al cliente y reclamaciones que la empresa facilita, sin haber obtenido respuesta alguna. Esta conducta, que dificulta de forma sistemática el ejercicio del derecho a reclamar, constituye en sí misma una vulneración de los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU). Perjuicios ocasionados: La actuación negligente de la empresa generó perjuicios directos e indirectos de relevancia: interrupción de la actividad laboral realizada desde el domicilio, riesgo para la salubridad de alimentos refrigerados por cortes prolongados de la cadena de frío —agravado por coincidir con las vacaciones de Navidad—, imposibilidad de cocinar con normalidad durante casi un mes con el consiguiente sobrecoste, y el tiempo invertido en numerosas gestiones para resolver incidencias provocadas íntegramente por el error de la compañía. Fundamentos jurídicos: La compañía ha incumplido su deber de información veraz y diligencia profesional en la prestación de un servicio esencial, conforme al Real Decreto 1955/2000 y al Real Decreto Legislativo 1/2007. Asimismo, ha dificultado indebidamente el ejercicio del derecho a reclamar, vulnerando el artículo 21 del citado texto refundido. Pretensiones: 1. Que no se nos repercuta el coste de la subida de potencia, provocada exclusivamente por el error de asesoramiento de la empresa. 2. Devolución íntegra del importe abonado por la bajada de potencia, realizada sobre la base de información incorrecta facilitada por la compañía. 3. Compensación económica por los perjuicios directos e indirectos ocasionados, que proponemos se materialice en un descuento del 50 % en los recibos emitidos durante los próximos cinco años. 4. Implantación de protocolos de asesoramiento riguroso, atención directa en incidencias y rearme inmediato del suministro, para evitar que otros consumidores sufran situaciones similares. Quedamos a la espera de respuesta motivada en el plazo legalmente establecido, reservándonos el ejercicio de cuantas acciones legales correspondan.

Estimados/as señores/as: Yo, Malika Juicha, titular de un contrato de suministro eléctrico suscrito con su compañía, expongo lo siguiente: PRIMERO.- Se me ha emitido una refacturación por importe superior a 1.800 euros derivada de una supuesta anomalía en el contador detectada en una inspección realizada por la distribuidora UFD Distribución Electricidad el día 16/12/2025. SEGUNDO.- La cantidad reclamada se basa en una estimación de energía supuestamente consumida y no facturada (aproximadamente 9.831 kWh), calculada aplicando el criterio del artículo 87 del Real Decreto 1955/2000 mediante una fórmula teórica basada en la potencia contratada y horas estimadas de utilización. TERCERO.- El titular del contrato manifiesta que no ha realizado ninguna manipulación ni alteración del equipo de medida ni de la instalación eléctrica. CUARTO.- La vivienda consta de dos plantas con distintos ocupantes, y el contador eléctrico se encuentra ubicado en el portal del edificio, una zona común accesible a terceros. Por tanto, el equipo de medida no se encuentra bajo el control exclusivo del titular del contrato, pudiendo haber sido manipulado por otras personas con acceso a dicha zona. QUINTO.- El informe en el que se basa la refacturación no acredita quién habría realizado la supuesta alteración ni desde qué fecha concreta se habría producido. La refacturación se basa únicamente en una estimación teórica del consumo y no en una medición real del mismo. SEXTO.- La unidad familiar se encuentra además en situación de especial vulnerabilidad, ya que en el domicilio residen personas con discapacidad reconocida (yo con discapacidad superior al 40 % y padre con discapacidad del 66 %), encontrándose además el suministro acogido al bono social eléctrico. Por todo lo anterior, solicito la revisión y anulación de la refacturación emitida, al no existir prueba suficiente que permita atribuir dicha alteración al titular del suministro ni acreditar el consumo real no registrado.

Buenos días, sin mi consentimiento, utilizando mis datos, sin ni siquiera firmar nada, comercializadora regulada me contrata un servicio de mantenimiento de la calefacción CUIDADOBASICO. Me han mandado a mi correo personal la copia adjunta del supuesto contrato. Voy a proceder a interponer la correspondiente denuncia por un delito de usurpación de estado civil. Además acudiré al Agencia Española de Protección de datos debido a la mala praxis haciendo uso de mis datos personales por parte de esta comercializadora sin mi consentimiento. Adjunto el presunto contrato que no autoricé ni firmé. Espero que por su parte resuelvan la incidencia ocasionada.

Estimados/as señores/as: Con fecha 21 Enero he recibido un mensaje de texto de Iberdrola donde me comunican que se está tramitando la baja del contrato de suministro de luz, cambio que no he solicitado. Me pongo en contacto con iberdrola y me confirman que efectivamente se ha solicitado una portabilidad a otra compañía. Procedo a volver a hacer otra portabilidad para volver con iberdrola , y viendo que a fecha de hoy no se ha efectuado la portabilidad me pongo en contacto con Unión Fenosa, que es la distribuidora de la luz, donde me informan que mi DNI no figura como titular de ningún contrato, pero que sí consta la CUPS pero con otro titular, no facilitando el nombre por protección de datos. Adjunto fotocopia de la última factura de luz de nuestro contrato para que vean que realmente soy yo el titular del contrato y no la persona que figura en su sistema. Solicito: Una explicación y una rectificación inmediata de los datos erróneos. Sin otro particular, atentamente.