El Supremo anula el Registro estatal de viviendas turísticas
El Tribunal Supremo ha sentenciado que el Registro nacional de alquileres de corta duración invade las competencias autonómicas sobre vivienda y turismo. Esta decisión puede afectar a las sanciones impuestas a plataformas como Airbnb o Booking y a particulares por anunciar viviendas que no estaban inscritas en el Registro. OCU cree que las administraciones autonómicas y las centrales deben, en cualquier caso, colaborar en las medidas que puedan facilitar el acceso a la vivienda.
Desde el 1 de julio de 2025, se instauró una nueva obligación de registro a nivel estatal para todas las viviendas y habitaciones que se destinaran al alquiler de duración temporal (turísticas o no) y que se anunciaran en plataformas online. Ahora, una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado parte de la norma que impuso esa obligación, aunque se mantiene la llamada ventanilla única que gestiona el Ministerio de Vivienda con objeto de coordinar la información referente a la normativa de vivienda en sus líneas directrices.
¿Qué ha cambiado con la anulación del Registro?
Hasta esa sentencia, el Ministerio de Vivienda y el de Consumo han venido exigiendo el cumplimiento de este registro estatal y la retirada por las plataformas de anuncios de viviendas que no tuvieran el número de registro estatal. El INE da cuenta de la existencia de 329.764 viviendas de uso turístico en todo el país.
¿Qué ocurre con la anulación del registro?
Se ha anulado la inscripción en el registro estatal, pero persiste la obligación de inscribirlas en el registro autonómico y de cumplir con toda la normativa autonómica y, en ocasiones, municipal, para estas viviendas turísticas. Además, es obligatorio contar con la aprobación de la comunidad de propietarios, en su caso.
¿Cuál es el motivo de la anulación?
El motivo es que el Tribunal ha considerado que la norma invade las competencias de las comunidades autónomas, quienes ya cuentan con registros autonómicos de viviendas de uso vacacional. El grueso de las competencias sobre vivienda y turismo están transferidas y la Administración central puede dar directrices, pero la norma anulada entraba en todos los detalles del registro.
¿Se mantienen las sanciones?
Con la declaración de nulidad de esta parte de la norma, deberían decaer las sanciones que se hayan podido poner a particulares y a plataformas, como Airbnb o Booking, por el incumplimiento de registro estatal de esas viviendas de alquiler temporal. Si eres un particular y te sancionaron por no haber inscrito tu vivienda, podrías recurrir contra la sanción.
OCU pide colaboración a las administraciones
OCU recuerda su postura en materia de vivienda y, en particular, la necesidad de contar con una regulación clara que aporte seguridad jurídica a todos, tanto inquilinos como propietarios. Se trata de favorecer la puesta en alquiler de más viviendas en alquiler de larga duración, un uso que debe ser impulsado con medidas de apoyo.
El reparto de competencias entre administraciones tiene sentido para acercar las decisiones a los ciudadanos, pero pedimos responsabilidad a las administraciones para actuar de manera conjunta en busca de la solución de la grave crisis de vivienda. Una prueba de ello será la puesta en marcha del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que agiliza el reparto de fondos para que las comunidades autónomas puedan poner cuanto antes más viviendas asequibles a disposición de los ciudadanos.
