Que en fecha 2 de julio de 2026 contraté mediante internet un curso con la empresa Albali Centros de Formación, abonando una cantidad en concepto de matrícula mediante tarjeta bancaria.
Que dicho curso tiene previsto su inicio en el mes de septiembre de 2026, y en el momento de solicitar la cancelación:
No había comenzado el curso.
No había recibido clases.
No había recibido material formativo.
No había recibido claves de acceso a ninguna plataforma.
No había utilizado ningún servicio formativo.
Que dentro del plazo legal establecido para ejercer mi derecho de desistimiento, concretamente el día 13 de julio de 2026, comuniqué a la empresa mi voluntad de cancelar el contrato y solicitar la devolución del importe abonado, mediante correo electrónico y otros medios de contacto (llamada telefónica y WhatsApp con personal de la empresa).
Que, pese a haber comunicado mi decisión dentro del plazo correspondiente, la empresa no ha atendido mi solicitud de forma efectiva y me indica que no puedo cancelar porque supuestamente ya han tramitado un justificante relacionado con un procedimiento de arraigo por estudios.
Que dicho justificante no ha sido utilizado por mi parte, no ha sido presentado ante ninguna administración ni se ha iniciado ningún trámite de arraigo con dicho documento.
Que considero que la emisión interna de un justificante por parte de la empresa no puede suponer, por sí sola, la pérdida de mis derechos como consumidor, especialmente cuando el servicio contratado no ha comenzado y no he recibido ninguna prestación formativa.
Que solicito que se revise la actuación de la empresa y la validez de las condiciones contractuales que pretenden impedir la cancelación, así como la devolución de la cantidad abonada.
SOLICITO:
Que se admita esta reclamación y se valore la actuación de Albali Centros de Formación.
Que se inste a la empresa a reconocer la cancelación del contrato solicitada dentro del plazo correspondiente.
Que se proceda a la devolución del importe abonado en concepto de matrícula.
Que se revise la posible existencia de cláusulas contractuales que puedan limitar indebidamente los derechos del consumidor.
