Solicitud urgente de información por escrito sobre penalizaciones por baja anticipada

Estimados señores de Vodafone: Intervengo como responsable designada por la empresa titular para la gestión de esta reclamación. Solicito formalmente que faciliten por escrito la información completa y detallada sobre las penalizaciones por baja anticipada asociadas a los servicios contratados. El cliente ha realizado múltiples llamadas a su servicio de atención, recibiendo en cada ocasión importes distintos, que han variado entre 700 € y 1.600 €, sin una explicación coherente ni documentación que permita verificar dichos datos. Esta situación resulta inadmisible y vulnera el derecho del usuario a recibir información precisa, verificable y transparente. Además, en varias de estas llamadas se ha asegurado que el correo electrónico con los importes ya había sido enviado, lo cual es falso. A día de hoy no se ha recibido ninguna comunicación oficial, a pesar de haber sido solicitada reiteradamente. El cliente ha invertido un tiempo considerable intentando obtener esta información a través de los canales habituales, sin éxito y sin una respuesta profesional por parte de Vodafone. Por ello, se exige que la compañía remita con urgencia: 1. El importe exacto de la penalización por baja anticipada. 2. El detalle de cada servicio o línea que genera dicho importe. 3. La base contractual que justifica dichas cantidades. 4. La fecha de inicio y fin de cada compromiso vigente. Ruego recuerden que la empresa tiene la obligación de ofrecer esta información de forma clara, veraz y por escrito cuando el cliente la solicita, y que la ausencia de respuesta constituye una vulneración de los derechos del consumidor. Por ello, solicito que se remita la documentación requerida sin más demoras.

Después de más de un mes solicitando la penalización por escrito, Vodafone sigue sin responder adecuadamente. El cliente ha recibido tres importes distintos (800 €, 1.300 € y 1.600 €) en llamadas telefónicas, sin coherencia entre ellos y sin ninguna comunicación oficial por escrito, a pesar de haberlo solicitado en repetidas ocasiones vía telefónica, correo electrónico y a través de esta reclamación pública de la OCU. Recordamos que, según la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, el operador está obligado a facilitar por escrito la información contractual esencial del servicio, incluyendo la permanencia y el cálculo exacto de penalización. La falta de respuesta y la contradicción entre los importes ofrecidos implica que dicha penalización no puede ser considerada válida ni exigible. Si Vodafone no facilita en un plazo máximo de 48 horas la documentación detallada solicitada (importe exacto, desglose por servicios, base contractual y fechas de inicio/fin del compromiso), esta reclamación será elevada a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (SETSI), donde la operadora está legalmente obligada a contestar. Se deja constancia pública de la falta de transparencia y de la reiterada negativa de Vodafone a cumplir con sus obligaciones.”