Me dirijo a ustedes para manifestar formalmente mi disconformidad con la operativa llevada a cabo por su empresa y para ejercer mi derecho de desistimiento, de conformidad con la legislación vigente en materia de contratos de crédito al consumo.
En fecha reciente, he recibido en mi cuenta bancaria un ingreso por importe de 200 € por parte de su entidad. No recuerdo en ningún momento haber solicitado, tramitado ni firmado contrato alguno con ustedes. Al percatarme del ingreso, intento inmediatamente proceder a su cancelación a través de su plataforma. No obstante, el sistema me indica que, para evitar un supuesto impago, debo abonar 240 €. Para evitar generar ningún perjuicio o recargo, realizo dicho pago.
Posteriormente, el sistema solicita un nuevo pago adicional de 52,93 €, el cual también efectúo, acumulando un total de 292,93 € pagados, pese a que no he solicitado ni formalizado conscientemente ningún préstamo con su entidad.
Sin embargo, pese a haber abonado dichos importes, el sistema no considera el crédito como amortizado y continúa exigiéndome nuevos pagos adicionales para cancelar el supuesto préstamo, lo cual considero totalmente injustificado y abusivo. interés aplicado (6680,56% TAE)
Al tratar de contactar con ustedes para aclarar la situación:
Los números de teléfono publicados en su sitio web aparecen continuamente apagados o fuera de cobertura.
He enviado un correo electrónico a support@kviku.es sin ningún tipo de respuesta por su parte en un plazo razonable de 48h.
Legislación aplicable:
Según el artículo 10 y siguientes de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, el consumidor tiene derecho a desistir del contrato sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna, dentro del plazo de 14 días naturales desde la celebración del contrato o desde la recepción de las condiciones contractuales, si es posterior.
Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, los contratos celebrados sin el consentimiento claro e informado del consumidor carecen de validez legal.
En cuanto al tipo de interés aplicado (6680,56% TAE), la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que los créditos con TAE desproporcionadas, especialmente en productos de concesión inmediata o préstamos rápidos, pueden ser considerados usura, conforme a lo dispuesto en la Ley de Represión de la Usura de 1908 (Ley de 23 de julio de 1908).
Por todo lo anterior, solicito formalmente:
El ejercicio de mi derecho de desistimiento, en los términos previstos por la Ley 16/2011.
La cancelación inmediata del supuesto contrato de crédito.
La devolución íntegra de los importes extra abonados hasta la fecha (92,93 €), correspondientes a importes pagados indebidamente.
