En agosto de 2025 contraté una suscripción digital anual de EL PAÍS por 9,90 €. En el correo de confirmación se indicaba que al año siguiente se renovaría automáticamente por 115 €, por lo que era conocedora de esta condición.
El 20 de agosto de 2026 se realizó el cargo de 115 € sin que hubiera recibido un aviso específico previo de la renovación. Al intentar cancelar la suscripción, comprobé que no podía hacerlo online y tuve que llamar por teléfono.
Durante la llamada, en lugar de limitarse a tramitar la baja, me ofrecieron sucesivamente distintas alternativas para continuar ante mi negativa a aceptarlas: primero una oferta vinculada a dos años de permanencia, después una suscripción por unos 80 € y finalmente una por 60 €, con devolución de los 115 € ya cobrados. Acepté esta última opción porque era la alternativa económicamente menos perjudicial y porque no sabía si, en caso de no aceptar, podría recuperar el cargo ya realizado de 115€.
No considero que el problema sea que la renovación estuviera incluida en las condiciones del contrato, sino la política comercial en su conjunto: una contratación extremadamente sencilla, una renovación automática por un importe más de once veces superior al precio promocional, ausencia de un aviso previo y una cancelación que requiere una llamada telefónica y se convierte en una negociación sucesiva de ofertas.
Además, durante la llamada se me informó de que EL PAÍS está implementando sistemas de notificación previa de las renovaciones. He comprobado que existen numerosas reclamaciones públicas en OCU de consumidores que describen exactamente la misma situación.
Por otra parte, me resultó llamativo que el cargo pudiera efectuarse sobre una tarjeta que ya había caducado y que llevaba todo ese año intentando eliminar de mi cuenta sin encontrar una opción para hacerlo.
No solicito ninguna devolución económica. Mi objetivo es dejar constancia de esta práctica y solicitar que OCU valore si, ante el elevado número de casos similares, debería trasladarse esta situación a EL PAÍS o a las autoridades de consumo para que se revise esta política comercial.
