Contraté a través de la página web PortalRegistros.com un servicio destinado a obtener información registral sobre una parcela, concretamente para conocer la identidad de su propietario.
Antes de efectuar el pago, la plataforma me solicitó la referencia catastral y la dirección del inmueble, datos que facilité correctamente. Una vez abonado el importe solicitado y aceptada la contratación, la empresa me comunicó que necesitaba información adicional para poder tramitar la solicitud.
Al indicar que no disponía de esos datos adicionales, precisamente porque la finalidad del servicio era obtener información sobre la finca y su titularidad, la empresa canceló la solicitud y procedió a realizar únicamente una devolución parcial del importe abonado, reteniendo 9,90 euros.
En una primera comunicación, la empresa justificó la retención de 9,90 euros indicando que correspondía a “gastos de gestión ya iniciada por nuestros agentes”. Posteriormente, al solicitar explicaciones, la empresa manifestó que la devolución no podía ser completa porque las tasas registrales abonadas al Registro de la Propiedad no son recuperables.
Considero que ambas explicaciones resultan contradictorias y que no se me ha aportado justificación documental alguna que acredite qué gastos concretos se han generado ni qué importe se habría abonado efectivamente al Registro de la Propiedad.
Asimismo, considero que la información precontractual facilitada fue insuficiente, ya que la empresa aceptó la solicitud y cobró el servicio basándose en los datos que ella misma requería inicialmente, para posteriormente exigir otros datos cuya necesidad no fue advertida de forma clara antes de la contratación.
Pretensión:
Solicito que la empresa proceda a la devolución íntegra del importe retenido, correspondiente a 9,90 euros, o, subsidiariamente, que aporte documentación acreditativa de los gastos efectivamente soportados que justifiquen dicha retención.
Asimismo, solicito que se valore si la información facilitada al consumidor antes de la contratación fue clara, transparente y suficiente respecto a los requisitos necesarios para la prestación del servicio y las consecuencias económicas derivadas de una eventual cancelación por falta de información adicional.
