Contraté telefónicamente con Orange un paquete de fibra y móvil. Durante la contratación no se me informó de forma clara y expresa de que tendría que pagar el coste de la instalación si cancelaba el servicio antes de tres meses. En el contrato, la instalación de fibra aparece destacada como «gratuita», con un precio de 0 €, y se indica hasta en tres ocasiones que el servicio no tiene compromiso de permanencia. El coste tampoco aparece incluido en el total de la contratación. Sin embargo, al final del contrato y sin ningún tipo de destacado, se indica que la instalación tendrá un coste de 242 € si no se mantiene el servicio durante al menos tres meses.
Además, Orange me ha facturado y reclama 242,94 €, cantidad que no coincide con los 242 € indicados en el contrato, sin que se me haya explicado el motivo de la diferencia. Al no estar de acuerdo con el cargo, devolví el recibo y comuniqué formalmente mi disconformidad. Ejercí mi derecho de desistimiento dentro del plazo legal de 14 días, concretamente al día siguiente de la instalación. La portabilidad de las líneas móviles ni siquiera llegó a completarse. De haber conocido claramente este cargo durante la contratación telefónica, mi decisión y mi forma de actuar habrían sido diferentes.
Presenté una reclamación formal a Orange. El 28 de agosto de 2026, la compañía se puso en contacto conmigo telefónicamente en dos ocasiones para comunicarme que la reclamación se había resuelto favorablemente y que la deuda quedaba anulada. Sin embargo, desde septiembre se han puesto en contacto conmigo repetidamente, por diferentes vías, para exigirme el pago y advertirme de posibles medidas legales. Tras esas comunicaciones, he llamado al 1470 y se me ha indicado que no tengo ninguna deuda pendiente.
Solicito, en primer lugar, el cese inmediato de las llamadas, mensajes y demás comunicaciones reiteradas en las que se me reclama el pago de la factura de 242,94 € o se me advierte de posibles acciones legales. Solicito que se haga efectiva la resolución favorable que Orange me comunicó y que se detengan las gestiones de recobro. Asimismo, solicito que se anule la factura de 242,94 €, que se me remita por escrito la resolución formal de mi reclamación y que mis datos no se comuniquen a ningún fichero de solvencia patrimonial ni se mantengan en ellos por esta deuda.
Si en el plazo de 30 días desde la recepción de esta reclamación no recibo una respuesta formal y satisfactoria, presentaré la correspondiente reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, los organismos de Consumo competentes y, en su caso, cualquier otro organismo que resulte necesario para defender mis derechos.
