El 13 de abril de 2026 realicé la portabilidad de mis servicios de DIGI a Orange. Desde esa fecha, el router de DIGI quedó desconectado y mi línea pasó a estar operativa y facturada por Orange.
Sin embargo, DIGI continuó cargándome recibos después de haberse completado la portabilidad, a pesar de que ya no utilizaba sus servicios y podía acreditar tanto la activación de mi línea con Orange como las facturas emitidas por esta nueva compañía.
Tras contactar telefónicamente con DIGI, me indicaron que la portabilidad no había supuesto la baja de todos mis servicios y que debía acudir personalmente a una tienda. El 3 de junio de 2026 me personé en una oficina de DIGI, donde tramitaron finalmente la baja. No obstante, me informaron de que debía abonar las mensualidades anteriores porque, según ellos, no había solicitado expresamente la cancelación del servicio.
Manifesté mi desacuerdo, ya que considero injustificado que se me cobre por un servicio que no disfruté y que, de hecho, dejó de estar operativo desde el momento de la portabilidad. Además, puedo demostrar que desde el 13 de abril figuraba como cliente de Orange y que ya estaba siendo facturado por esta compañía.
Ante la negativa de DIGI a corregir los cargos, procedí a devolver los recibos cobrados indebidamente. Posteriormente, el 12 de junio de 2026 devolví todos los equipos siguiendo sus indicaciones. Dispongo de correos electrónicos que confirman tanto la baja del servicio como la correcta devolución de los equipos.
Desde entonces, estoy recibiendo llamadas prácticamente diarias desde distintos números que se identifican como DIGI, reclamándome una supuesta deuda. También recibo de forma constante correos electrónicos en los que se exige el pago de 78 euros, correspondientes, según DIGI, a los meses durante los cuales no solicité expresamente la baja.
Considero que esta deuda no me corresponde, pues se refiere a un periodo posterior a la portabilidad durante el cual no utilicé ni tuve operativo el servicio de DIGI.
Además, en ningún momento se me facilitó una copia íntegra del contrato, ni durante la contratación ni cuando solicité la baja, por lo que desconozco las condiciones contractuales concretas que DIGI pretende aplicar para justificar estos cargos.
También quiero dejar constancia de que, durante el último año como cliente, sufrí numerosos problemas de cobertura y funcionamiento del servicio. Presenté varias reclamaciones, tanto telefónicas como presenciales, sin que DIGI solucionara las incidencias. Esta falta continuada de calidad fue precisamente el motivo por el que decidí realizar la portabilidad a otro operador.
Por todo lo expuesto, solicito:
1. La anulación inmediata de la deuda reclamada de 78 euros y de cualquier cargo generado después del 13 de abril de 2026, fecha en la que se hizo efectiva la portabilidad.
2. Subsidiariamente, si DIGI considera que existe algún importe legítimamente devengado, solicito una factura completa, detallada y desglosada, limitada exclusivamente al consumo o servicio efectivamente prestado hasta la fecha de la portabilidad.
3. La devolución de cualquier cantidad cobrada por servicios no prestados o no disfrutados con posterioridad al 13 de abril de 2026.
4. La confirmación por escrito de la cancelación de cualquier penalización, compromiso de permanencia o importe asociado a la baja.
5. Una copia íntegra del contrato, las condiciones generales y particulares aplicables, así como de las grabaciones o documentos mediante los cuales DIGI considere que acepté dichas condiciones en el momento de la contratación.
6. El cese inmediato de las llamadas y comunicaciones reiteradas de reclamación mientras la existencia y legitimidad de la deuda se encuentren formalmente impugnadas.
7. La confirmación por escrito de que mis datos no serán comunicados a ningún fichero de solvencia patrimonial o morosidad por esta deuda controvertida. En caso de que ya hubieran sido comunicados, solicito su retirada inmediata.
8. Una respuesta formal y motivada por escrito, acompañada de toda la documentación que justifique la cantidad reclamada.
En caso de no recibir una solución favorable, procederé a presentar la correspondiente reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, los organismos de consumo competentes y, en su caso, la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente si se produjera una inclusión indebida en algún fichero de morosidad o continuaran las comunicaciones de cobro de forma reiterada.
Solicito a DIGI que revise el expediente, anule los cargos indebidos y confirme por escrito el cierre definitivo del contrato sin deuda pendiente.
