Estimados señores:
Me dirijo a ustedes para solicitar su ayuda y mediación en relación con una práctica que considero abusiva por parte de la empresa Files Editor, relacionada con un cobro realizado tras un periodo de prueba gratuita.
Los hechos son los siguientes:
Me registré en el servicio Files Editor para editar un documento PDF, accediendo a una prueba gratuita de 14 días para la cual fue necesario introducir los datos de mi tarjeta bancaria. En el proceso de registro se indicaba que, una vez finalizado el periodo de prueba, la suscripción se renovaría automáticamente con un coste de 49,95 € si no se cancelaba.
No obstante, en ningún momento se facilitó de forma clara, accesible y comprensible información sobre el procedimiento concreto para cancelar la suscripción, ni durante el registro ni durante el periodo de prueba. Esta información esencial no era fácilmente localizable ni estaba explicada de manera explícita.
En cualquier caso, intente cancelar en varias ocasiones mi suscripción, poniéndome que estaba cancelada, pero no siendo asi. Actualmente tras hacerlo de nuevo y ponerme en contacto con ellos, sigue estando activa.
Una vez finalizado el periodo de prueba, se realizó el cargo de 49,95 € en mi tarjeta sin aviso previo . De nuevo al mes siguiente, procedieron a realizarme el cargo y en cuanto tuve conocimiento del mismo, procedí a cancelar la suscripción y contacté con la empresa solicitando el reembolso, alegando la falta de información clara sobre la cancelación.
La empresa respondió justificando la renovación automática, pero no abordó la falta de transparencia en el proceso de cancelación y, en lugar de reembolsar el importe cobrado, ofreció unilateralmente un “plan gratuito de por vida” como compensación, opción que no acepté, ya que mi solicitud era —y sigue siendo— el reembolso del cargo efectuado.
Tras insistir nuevamente en mi reclamación, la empresa se ha de facto a devolverme los importes cobrados.
Considero que esta práctica vulnera la normativa europea de protección de los consumidores, en particular la obligación de informar de forma clara y comprensible sobre las condiciones esenciales del contrato, incluido el procedimiento de cancelación, tal y como establece la Directiva 2011/83/UE y la normativa sobre prácticas comerciales desleales.
Por todo ello, solicito la intervención de la OCU para:
Evaluar la legalidad de la práctica descrita
Mediar para la devolución del importe de 99,90 €
Y, en su caso, valorar si se trata de una práctica abusiva reiterada
Quedo a su disposición para aportar capturas de pantalla, correos electrónicos intercambiados con la empresa y cualquier otra documentación que consideren necesaria.
Atentamente,
Ana
