Estimados señores,
Me dirijo a ustedes en calidad de consumidor afectado por la adquisición de un equipo informático que ha resultado defectuoso, y para exigir formalmente el reembolso íntegro del importe pagado, dado el incumplimiento de sus obligaciones legales.
Fundamentos legales y de hecho
1. Según la normativa de la Unión Europea, que se aplica en España, todo producto nuevo cuenta con una garantía mínima obligatoria de al menos dos años.
2. En virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007 — Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) —, cuando un producto presenta un defecto o no es conforme a lo anunciado, el consumidor tiene derecho a exigir la reparación, la sustitución, una rebaja del precio o la devolución del importe pagado.
3. El artículo 121 de dicha ley establece que la resolución del contrato y la devolución del precio proceden cuando la reparación o sustitución no se ha efectuado en un plazo razonable o sin causar mayores inconvenientes al consumidor.
4. Ustedes proponen que la clienta se desplace durante 18 horas hasta un almacén para recoger el equipo y repararlo por su cuenta, lo que supone una carga desproporcionada y claramente inconveniente. Esto contradice la obligación de ofrecer una solución que no imponga cargas excesivas al consumidor.
Exigencias concretas
Por lo tanto, les exijo:
La devolución íntegra del importe abonado por el ordenador, en las mismas condiciones de pago, sin descuentos, demoras ni excusas.
Que ese reembolso se realice en un plazo razonable a partir de la recepción de esta carta.
Que no condicionen la devolución del dinero a que nosotros realicemos una reparación o recogida a 18 horas de distancia — lo cual no aceptamos ni consideramos razonable.
Advertencia de posible actuación
Si no recibimos una respuesta favorable en un plazo razonable, nos reservamos el derecho de:
Presentar una reclamación formal ante las autoridades competentes de consumo.
Solicitar la resolución del contrato conforme al artículo 121 de la LGDCU.
Exigir, además del reembolso, una indemnización por los costes y molestias ocasionados por su negativa a dar una solución conforme a derecho.
